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Opinión.

La construcción de ciudades republicanas, por Rafael Rodríguez.

Lo más importante de esta sentencia es que el TC ha ratificado que tanto la Constitución Política del Perú (artículo 73) como la Ley N° 26856 establecen que las playas del litoral son bienes de uso público, inalienables e imprescriptibles; y por ende, que en todos los balnearios y urbanizaciones colindantes a la playa, terrenos ribereños y similares bajo propiedad pública o privada debe existir por lo menos cada mil metros, una vía de acceso que permita el libre ingreso libre a las playas.

10 de enero de 2024

El Tribunal Constitucional (TC) del Perú ha emitido una reciente sentencia en el Expediente 03640-2021-PHC/TC (Caso Piero Renzo Dellepiane Reggiardo y otros) en la que ha determinado que el Club Tennis Las Terrazas Miraflores venía violando el derecho fundamental al libre tránsito al impedir de manera arbitraria el ingreso peatonal y vehicular a las playas de Cerro Azul a las personas que no tenían la calidad de socios y que buscaban ingresar por la vía ubicada en el kilómetro 120.8 de la Carretera Panamericana Sur.

En síntesis, lo más importante de esta sentencia es que el TC ha ratificado que tanto la Constitución Política del Perú (artículo 73) como la Ley N° 26856 establecen que las playas del litoral son bienes de uso público, inalienables e imprescriptibles; y por ende, que en todos los balnearios y urbanizaciones colindantes a la playa, terrenos ribereños y similares bajo propiedad pública o privada debe existir por lo menos cada mil metros, una vía de acceso que permita el libre ingreso libre a las playas.

La ciudad abierta y sus enemigos

Ahora bien, a propósito de lo sentenciado por el TC, considero oportuno compartir algunas de las ideas expuestas por el politólogo Alberto Vergara, profesor en el departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico y autor del libro “Repúblicas defraudadas” (Editorial Planeta: 2023), que en el capítulo 3 “La República – en – tanto – sociedad”, reflexiona sobre la manera en que el funcionamiento de las ciudades se relaciona con nuestras democracias en América Latina.

Las urbes latinoamericanas

El autor parte por indicar que América Latina es una región en su mayor parte urbana. Mientras que en el resto del mundo 54% de la población vive en una ciudad en Latinoamérica lo hace el 80%. A pesar de ello, la mayoría de las urbes latinoamericanas no están construidas ni funcionan para el desarrollo de la ciudadanía demostrándonos que la promesa republicana establecida en nuestras constituciones es incumplida. En suma, nuestras ciudades distan de ser esos espacios abiertos que concretizan la igualdad legal ciudadana, afirma Vergara.

La ciudad segregada

Asimismo, el autor señala que distintos procesos sociales han construido sociedades con espacios cerrados que bloquean la experiencia común ciudadana. Por ejemplo, en ciudades como Sao Paulo fenómenos como la inseguridad y el temor -que crecen desde los años ochenta- crearon en las clases medias y altas un deseo de recluirse en barrios fortificados, negando la posibilidad de vivir una experiencia urbana moderna y democrática.

A propósito de ello, Vergara afirma que el nuevo urbanismo latinoamericano prioriza la separación y la desigualdad social como resguardo frente a la violencia. Y es que, de las cincuenta ciudades más violentas del mundo, cuarenta son latinoamericanas, y el miedo que esta situación genera -citando a Gemma Galdon- ha dado lugar al surgimiento de lo que se conoce como las “ciudades asustadas”.

Se trata, sin lugar a dudas, de un panorama sombrío para la región, pues como bien apunta el autor -citando a Martha Nussbaum- las sociedades democráticas solo pueden construirse sobre la confianza, mientras que el miedo se acopla más naturalmente con la monarquía. En ese escenario, resulta claro que nuestras ciudades asustadas no pueden ser ciudades donde florezcan auténticas repúblicas.

La infraestructura antisocial

En esa línea, Vergara apunta que un segundo factor que lleva a las ciudades hacia la segregación es el tipo de infraestructura que poseen, que puede agravarla o aliviarla. Ello es así porque la infraestructura antisocial (por supuesto, anti republicana) incentiva la desigualdad y la segregación, lo cual, bajo determinadas circunstancias, genera violencia. Basta mirar la infraestructura de las ciudades latinoamericanas para constatar que vivimos rodeados de infraestructura antisocial, señala Vergara.

Para graficar lo antes expuesto el autor nos recuerda -para vergüenza de los peruanos- que, en uno de los barrios más ricos de Lima, se levantó un muro de casi diez kilómetros de largo (el “muro de la vergüenza”) para cortar el contacto con los barrios pobres limítrofes. ¿Qué ocasionó esta infraestructura social? Naturalmente que miles de peruanos y peruanas que antes podían ir a pie a trabajar a los barrios ricos, ahora deban perder horas en rodear la muralla. En otras palabras, cientos de miles de personas vieron violado su derecho a la libertad de tránsito gracias al silencio cómplice de las instituciones “republicanas” que durante años permitieron esta infamia.

Se trata, de un escenario oscuro para la región, porque ni el capitalismo ni la democracia pueden funcionar de manera eficiente cuando se recorta de manera arbitraria la libertad de los agentes, de la ciudadanía. Así, si en el medioevo se amurallaba la ciudad para impedir los ataques desde fuera, hoy la ciudad latinoamericana se amuralla por dentro, afirma Vergara.

En otras palabras: “Esas vallas, cercos, muros y paredes son la muestra más evidente del abandono del proyecto republicano ya que se deja de ver al otro como a un igual con quien conversar, negociar o pactar, con quien mirarse la cara”. El otro, deja de ser considerado como un agente moral o un semejante, y a pasa a ser un ente a quien es posible enjaularlo, señala el autor.

Apostar por la sociabilidad ciudadana

A pesar del presente aciago, no todo está perdido. Aún queda mucho por pelear si se cuenta con la voluntad política y el poder social para hacerlo. Sobre este punto, Vergara, ocupándose de la experiencia colombiana en Medellín, nos muestra cómo para construir ciudades abiertas es necesario integrar (primero) y socializar (después).

Sobre lo primero, el autor precisa que el caso de Medellín inició con la decisión política de apostar por una ciudad inclusiva, para lo cual resultó fundamental la construcción, por ejemplo, de un teleférico urbano, el Metrocable, que ofreció un sistema de transporte más justo. Así, trayectos que a los ciudadanos más humildes les tomaba dos horas pasaron a hacerse en cuestión de minutos, afirma Vergara. Este punto es clave, según el autor, porque el tiempo desperdiciado en los embotellamientos envenena la vida de la ciudad y de las personas que malgastan verdaderas jornadas atascadas en el tráfico. Si hacemos una comparación podríamos decir que el Metrocable es la otra cara del “muro de la vergüenza” construido en Lima, la capital peruana.

Sobre lo segundo, junto con la integración urbana se desarrollaron varias iniciativas dirigidas a una nueva sociabilidad ciudadana. Por ejemplo, se emprendió la construcción de parques-biblioteca para brindar capital cultural y social a las zonas más pobres de la ciudad, y a la par se buscaba que el Metrocable las conectara con las más prósperas, de manera tal que comenzara a recibir visitantes con los cuales usualmente no se tenía ningún contacto. Sumado a ello, Vergara destaca la expansión de áreas verdes porque incrementan el bienestar de los barrios y sus habitantes, y aumentan los espacios de convivencia. Este dato es importante pues en Latinoamérica solo Curitiba, en Brasil, cuenta con áreas verdes en proporciones de urbes europeas, mientras que la mayoría de nuestras ciudades está por debajo de los nueve metros cuadrados de áreas verdes por habitante que recomienda la Organización Mundial de la Salud, anota Vergara.

Apunte final

Volviendo a la sentencia del TC podríamos decir que la misma está en la línea de quienes apostamos por la integración y por la construcción de una ciudad abierta para las personas. Se trata, en términos políticos, de una decisión jurisdiccional muy importante si tenemos en cuenta lo dicho por Vergara cuando afirma que, en las ciudades latinoamericanas segregadas, con sus muros y sus embotellamientos, sus playas gradualmente privatizadas, sus viviendas sociales con infraestructuras antisociales que alejan la posibilidad de la ciudad abierta, brota un disfrute diferente del espacio público y una forma profundamente desigual de vivir la ciudadanía.

Por eso necesitamos que en Latinoamérica se adopten decisiones -como esta del TC peruano- que ayuden a sentar las bases para la construcción de sociedades auténticamente republicanas en las cuales los ciudadanos puedan ejercer sus derechos en condiciones de libertad e igualdad contando con espacios públicos que permitan el encuentro solidario y fraterno entre los ciudadanos. De no ser así, el panorama actual no cambiará y América Latina, por ejemplo, seguirá albergando a 10 de las ciudades más desiguales del mundo once si incluimos a Miami, como anota el autor.

 

 

 

 

 

 

 

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