Proyecto de reforma constitucional fija plazo de 30 días para que las más altas autoridades del país se sometan a exámenes de detección de drogas.

La iniciativa, patrocinada por las diputadas Camila Flores y Sofía Cid, modifica la Carta Fundamental para incorporar una disposición transitoria que aumente la sanción y amplíe la aplicación del “Reglamento sobre Control de Consumo de Drogas”.

Las autoras de la moción refieren que el artículo 8 de la Constitución establece que “el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”, lo que se debe complementar con lo señalado en el artículo 52 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, que obliga al funcionario a observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.

Agregan que para el correcto ejercicio de las funciones y potestades de las que gozan los funcionarios de la Administración del Estado se requiere de gran capacidad y compromiso para asumir decisiones de alta relevancia en aras del bienestar de la población, evitando cualquier potencial conflicto de interés.