La iniciativa, patrocinada por las diputadas Camila Flores y Sofía Cid, modifica la Carta Fundamental para incorporar una disposición transitoria que aumente la sanción y amplíe la aplicación del “Reglamento sobre Control de Consumo de Drogas”.
Las autoras de la moción refieren que el artículo 8 de la Constitución establece que “el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”, lo que se debe complementar con lo señalado en el artículo 52 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, que obliga al funcionario a observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.
Agregan que para el correcto ejercicio de las funciones y potestades de las que gozan los funcionarios de la Administración del Estado se requiere de gran capacidad y compromiso para asumir decisiones de alta relevancia en aras del bienestar de la población, evitando cualquier potencial conflicto de interés.
Relacionan lo anterior con la sensación de inseguridad que ha alcanzado cifras nunca vistas y con la gran presencia del crimen organizado y el narcotráfico, por lo que resulta imperioso garantizar a la sociedad la idoneidad de nuestras autoridades e imparcialidad a la hora de combatir integralmente este tipo de estructuras delictivas.
De allí la importancia de garantizar una conducta intachable y actuar independiente de las autoridades respecto de cualquier grupo delictivo, ya que si no se logra resguardar “lo político” ello redundará en una ilegitimidad del poder y los ciudadanos perderán el respeto y la credibilidad en sus autoridades.
Agregan que hace un poco más de año la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el “Reglamento sobre Control de Consumo de Drogas”, que “establece la realización periódica de controles a los parlamentarios en ejercicio, con el objeto de elevar los estándares de transparencia en la labor parlamentaria, junto con evitar la comisión de delitos de narcotráfico u otros relacionados a estos, y cualquier relación entre la Corporación y las redes del narcotráfico que existan en el país”. Sin embargo, apuntan que el referido reglamento no consideró sanciones proporcionales a la infracción y únicamente estableció para aquel parlamentario cuyo examen de drogas resultare positivo, el levantamiento del secreto bancario por el lapso de un año, medida disciplinaria que en opinión de las autoras de la moción resulta insuficiente para abordar la gravedad del problema y, por consiguiente, justifica implementar otras medidas más efectivas y proporcionadas ante tal infracción.
Para ello proponen incorporar una disposición quincuagésima cuarta transitoria en la Constitución Política que establezca que el Presidente de la República, Ministros de Estado, Subsecretarios, Delegados presidenciales regionales, Delegados presidenciales provinciales, Diputados, Senadores, Fiscal Nacional, Fiscales Regionales y Ministros de Corte de Apelaciones y Corte Suprema, tengan la obligación de someterse a un examen de identificación de uso y consumo de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, en el plazo de 30 días, desde la entrada en vigencia de la reforma, y en el caso de que el resultado del examen detectare el uso o consumo de alguna sustancia prohibida, salvo por motivos de salud y/o prescripción médica, cesarán inmediatamente en el cargo si el examen resultare positivo.
El proyecto reforma constitucional se encuentra en primer trámite constitucional radicado para su estudio en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Baja.
Vea texto de la moción Boletín Nº16.632-17 y siga su tramitación aquí.