En un reciente informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que examina la situación de los derechos humanos en diversos ámbitos en Chile, focalizado en el año 2023, el INDH realizó recomendaciones a los diferentes poderes del Estado para garantizar de modo efectivo el ejercicio de los mismos, sin discriminación, en cumplimiento de la Ley Nº 20.405.
El informe se divide en los siguientes capítulos: 1) 50 años del Golpe de Estado en Chile. Avances y deudas en el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de justicia transicional; 2) Violencias y vulneraciones de derechos humanos en las regiones centro-sur de Chile; Principio de no discriminación y Derechos Sociales; 3) Informe de Función Policial y Orden Público; 4) Gestión de desastres en Chile desde la perspectiva de los Derechos Humanos; y 5) Derecho a la identidad y a la convivencia familiar frente a secuestros y adopciones irregulares de niños y niñas en Chile.
En el informe, la situación de las mujeres reviste especial interés. Detectó que, pese a la nueva normativa de antidiscriminación -Ley Zamudio-, existen profundas brechas en trabajo, salud y pensiones.
Constató que después de la pandemia hubo una reincorporación de las mujeres al mercado laboral más rápida de lo anticipado, pero ocurrió con una baja salarial. Según cifras del INE, en el caso de los ingresos de hombres y mujeres ocupadas, hay una brecha persistente, con una tendencia al descenso. En 2014 la brecha del promedio de ingreso mensual era 29,7 puntos porcentuales. En 2022 bajó a 20,4 puntos porcentuales.
Como expone el estudio “Evolución y análisis de la discriminación salarial por género en Chile”, a partir de la Encuesta CASEN para el período 1990 – 2017, la brecha salarial favorece siempre a los hombres. En 2017, los hombres con empleo tenían 8,9% años menos de estudios que las mujeres con empleo. Esto indica que, aunque las mujeres requieren más años de educación para tener trabajo, reciben un salario menor al de los hombres.
Del mismo modo, se expone en el informe el estudio del Centro de Trabajo y Familia de la Universidad de Los Andes de 2022 sobre trayectorias laborales e inclusión de mujeres. Este indica que al ver “la alta dirección y las posiciones de liderazgo, las mujeres solamente representan 18% de la línea ejecutiva principal de las empresas chilenas que cotizan en bolsa. Si nos concentramos aún más y vemos los cargos en directorios, el número se reduce a 15%”.
En tanto, en el área de la salud se observan disparidades tanto en el uso como en los costos de la atención en el sistema privado. En promedio, las mujeres, sólo por serlo, pagan entre 6 y 10 UF más al año que un hombre. Este es el hallazgo del estudio denominado “¿Existe discriminación de género en el sistema privado de salud en Chile?”
El mismo estudio revela que las mujeres están sujetas a un cobro adicional que no se condice con el gasto que generan. Las isapres argumentan para justificarlo que ellas usan más el sistema. Pero incluso si eso se toma en cuenta, siguen pagando primas superiores a las masculinas.
La discriminación también toca a la salud pública. Se trata de la esterilización. Si bien el Estado reconoció la violación a los derechos de una mujer a quien le fue practicada esta intervención en 2002, se han detectado más esterilizaciones en migrantes. Aunque hay consentimiento firmado, éste se puede cuestionar porque son mujeres haitianas, que no hablan ni leen castellano con facilidad.
En otro aspecto, se aborda la ley 21.030, que regula la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Desde su implementación, 822 mujeres abortaron tras ser violadas. El 33% era menor de edad: 52% de las niñas que abortaron tenían 14 años o menos (142 casos) y 33% tiene sólo 13 años (90).
Las mujeres y niñas que intentan acceder al procedimiento como víctimas de una agresión sexual encuentran obstrucciones en los servicios de salud. En la actualidad 43% de obstetras de la red pública es objetor de conciencia en caso de violación, según el Ministerio de Salud. Esto representaría una vulneración a los derechos reproductivos y sexuales de las personas gestantes por el alto porcentaje de objetores. No hay obligación de los recintos de salud pública a tener un reemplazo.
Finalmente, el informe recuerda que en enero de 2022 entró en vigencia la ley 21.419, que creó la Pensión Garantizada Universal (PGU). Ésta puede ser No Contributiva o Contributiva, según si la persona que la recibe no tiene sistema previsional ni pensión de sobrevivencia, o si tiene un sistema previsional o recibe pensión de sobrevivencia, respectivamente.
La realidad que enfrentan las mujeres al momento de pensionarse es, en gran medida, reflejo de sus trayectorias laborales. Se trata de trayectorias que tuvieron interrupciones por sus roles de madres, esposas y responsables de las labores domésticas. Además, están con mucha frecuencia en el mercado laboral informal, sin cotizaciones previsionales.
Noticia Relacionada
Todo ello repercute con gravedad en el acceso a pensiones dignas. Si bien la PGU busca proporcionar pensiones a un mayor número de personas mayores, y las mujeres son las mayores beneficiarias de la PGU no contributiva, la pobreza de las adultas mayores sigue siendo una situación alarmante.