Requerimiento de inaplicabilidad.
Normas que tipifican la administración desleal y delitos informáticos se impugnan ante el Tribunal Constitucional, por imputado en el “Caso Primus”.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, la garantía de la lex certa y el derecho a un procedimiento racional y justo, desde que se formalizará por dos grupos de delitos referidos a una misma conducta, que permiten al Ministerio Público escoger distintas normas para la incriminación de conductas análogas, impidiendo, por tanto, al juez de fondo aplicar la ley penal más favorable, en cuanto la disposición transitoria no se lo permite.
Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 470 N°11, inciso primero; el artículo 470 N°11, inciso tercero, en la frase “el administrador que realizare alguna de las conductas descritas en el párrafo primero de este numeral, irrogando perjuicio al patrimonio social”, ambos del Código Penal”; el primero transitorio, inciso primero, de la Ley N°21.459, que establece normas sobre delitos informáticos; y el artículo 140, letra c), inciso tercero, del Código Procesal Penal, en la oración “la gravedad del hecho”.
Los preceptos legales impugnados establecen:
“Artículo 470.- (…) Nº 11. Al que teniendo a su cargo la salvaguardia o la gestión del patrimonio de otra persona, o de alguna parte de éste, en virtud de la ley, de una orden de la autoridad o de un acto o contrato, le irrogare perjuicio, sea ejerciendo abusivamente facultades para disponer por cuenta de ella u obligarla, sea ejecutando u omitiendo cualquier otra acción de modo manifiestamente contrario al interés del titular del patrimonio afectado”. (Art. 470 N°11, inciso primero, Código Penal).
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