El requirente alega que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley y el debido proceso, desde que a pesar de que se configuran nuevas causales de nulidad, la norma impugnada impide recurrir, lo que le genera una situación grave de indefensión.

El precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, desde que autoriza al receptor judicial a notificar la demanda y a requerir de pago a cualquier persona adulta que se encuentre en el lugar que vive o reside sin certificar el nombre, domicilio, cédula de identidad de la persona que intervine y sin hacer las mínimas observaciones de que la información sea real.

El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de una inmobiliaria que impugnó el artículo 1891 del Código Civil, al concluir que su aplicación a la gestión judicial pendiente no genera afectación alguna a los artículos 5, 19 N°s 3, 24 y 26 de la Constitución, en este último caso por cuanto ninguna de las garantías constitucionales invocadas ha sido conculcada, por lo que no podría existir una vulneración de su contenido esencial.

El requirente alega que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso, el principio de proporcionalidad y el derecho de propiedad, desde que establece una distinción injustificada para con los copropietarios del inmueble, que no son ocupantes ilegales, sino que terceristas.

El requirente alega que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley y la igual protección en el ejercicio de los derechos, desde que, eximir al gerente general del Banco Estado de absolver posiciones, deja al requirente en indefensión, trasgrediendo el debido proceso y las normas reguladoras de la prueba.

Al impedir el control por un Tribunal Superior la norma es inconstitucional, ya que a pesar del carácter de especializado que tiene el Tribunal Ambiental, no es suficiente para eximir sus decisiones del control jerárquico que establece el Poder Judicial, razona el voto en contra.

La Clínica INDISA alega que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y los principios de proporcionalidad y de seguridad jurídica, desde que permite que la Administración de manera arbitraria imponga sanciones desproporcionadas, puesto que es un hecho público y notorio que a otros prestadores institucionales, por la misma infracción, la Intendenta de Prestadores les ha impuesto multas por una cuantía muy inferior a la cuantía de la multa que impuso a la requirente.

La Juez del Cuarto Juzgado Civil de Valparaíso platea que el precepto legal objetado podría infringir la igualdad ante la ley y la integridad psíquica, desde que establece diferencias en la adquisición y goce de derechos respecto de la persona extranjera, ya que ésta, sin perjuicio de haber cumplido con las exigencias legales tanto para obtener su Carta de Nacionalización como para obtener sentencia favorable en cuanto al cambio de nombre, no podrá gozar en igualdad de condiciones de los derechos.

La falta de las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a las sentencias definitivas no son susceptibles de alegarse por medio del recurso de casación en la forma en los juicios especiales, lo que infringe la garantía de igualdad ante la ley procesal. Se niega a unos justiciables sólo por quedar afectos a procedimientos previstos en leyes especiales, mientras que el mismo recurso de interés general se le reconoce a los demás, lo que carece de una justificación razonable, alegó el requirente.

El requirente alega que el precepto legal objetado infringe la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos y el principio de proporcionalidad, al establecer sólo un valor mínimo y un valor máximo, sin graduación, para sancionar con multa las infracciones, puesto que carece de criterios y pautas objetivas que debiese considerar el tribunal al momento de determinar la multa, en concreto, que debe ser aplicada.