La Corte Suprema de EEUU comenzó a evaluar el jueves pasado si Donald Trump goza de inmunidad penal como expresidente por sus actos mientras ostentaba el cargo.
El fallo de la Corte puede tener repercusiones de gran alcance para el poder ejecutivo, pero también para los múltiples problemas legales de Trump, como virtual candidato republicano para las elecciones presidenciales en noviembre. Y aunque la mayoría de los expertos en derecho constitucional le pronostican una derrota judicial, es posible que ya haya obtenido una victoria política, ya que al aceptar a trámite el caso, la Corte Suprema retrasó el comienzo de un juicio en el que se lo acusa de conspirar para alterar los resultados de las elecciones de 2020, que ganó el demócrata Joe Biden.
Trump también enfrenta otra audiencia en Manhattan por el caso de pagos ilegales a la actriz porno Stormy Daniels. Su defensa admite que no todos sus actos están protegidos por la inmunidad presidencial.
El abogado de Trump dedicó gran parte de la audiencia de alegatos ante la Corte Suprema a reforzar la idea de que «sin inmunidad presidencial frente a procesos penales, no puede haber presidencia tal y como la conocemos». «Cualquier presidente se enfrentará de facto al chantaje y la extorsión de sus rivales políticos mientras ocupe el cargo», sostuvo.
El juez Clarence Thomas le preguntó al abogado de Trump de dónde viene el principio de inmunidad absoluta, para lo cual éste recurrió a un caso de la Corte Suprema que es fundamental para la defensa: una decisión de 1982 que sostuvo que los expresidentes son inmunes a las demandas civiles.
Pero la jueza Sonia Sotomayor le señaló a la defensa de Trump que la acusación presentada alega que actuó en beneficio propio. Dijo que los Padres Fundadores habían contemplado la idea de la inmunidad para los presidentes en la Constitución, pero habían decidido explícitamente en contra de ella. Sostuvo que no imagina que se le pueda otorgar la inmunidad a un presidente que crea y presenta documentos falsos, ordena el asesinato de un rival político, y cualquier número de otros actos criminales.
Interrogado por la jueza Amy Coney Barrett, el abogado de Trump admitió que algunas de las acciones que el expresidente llevó a cabo tras las elecciones de 2020 tuvieron carácter «privado» y probablemente no estén protegidas por la inmunidad. También el equipo legal de Trump admitió que la inmunidad presidencial no se extiende a las acciones personales, sino que protege solamente los actos oficiales, aunque están convencidos de que la mayoría de los actos cometidos por Trump son incuestionablemente oficiales.
Fue entonces que el presidente de la Corte, John Roberts, se mostró escéptico sobre la idea de eliminar de la acusación los actos que son oficiales y no personales, diciendo que tal medida convertiría el caso en un “banco de una sola pata”.
La Corte Suprema se muestra escéptica a la inmunidad absoluta de Trump al considerar que solo las actuaciones propias de las funciones de un presidente están blindadas por la inmunidad presidencial y no aquellas que tienen carácter personal. Pero también hubo jueces críticos con el manejo del caso por parte de la fiscalía y sugirieron que podrían devolver el caso a la corte de apelaciones del distrito de Columbia para que determine el alcance de las actuaciones de Trump.
Se planteó que si se desprotege a los expresidentes se «desestabilizaría» la democracia, porque abriría la puerta a que los nuevos mandatarios encarcelaran a sus predecesores por venganza.
Las juezas más progresistas de la Corte se mostraron muy contrarias a la inmunidad absoluta de Trump. Elena Kagan recordó que los redactores de la Constitución se oponían a la existencia de un «monarca» que estuviera «por encima de la ley», y Ketanji Brown Jackson sugirió que el indulto que recibió Richard Nixon tras el escándalo del Watergate demuestra que los exmandatarios sí que pueden ser procesados judicialmente.
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Los magistrados se muestran extremadamente cautelosos en este caso. El mismo juez Brett Kavanaugh reconoció que “este caso tiene enormes implicaciones para la presidencia, para el futuro de la presidencia, para el futuro del país”.
La Corte Suprema revisa el caso de inmunidad de Trump porque el fiscal especial Jack Smith presentó el caso de conspiración electoral contra Trump y los abogados que lo defienden sostienen que un expresidente goza de «inmunidad absoluta».
Dos cortes ya rechazaron de plano este argumento, pero la Corte Suprema, de mayoría conservadora y con tres de los nueve magistrados nombrados por Trump, aceptó el caso a trámite. En un fallo, una corte inferior estimó que la Constitución no avala este argumento. «No podemos aceptar que el cargo de la presidencia sitúe a sus antiguos ocupantes por encima de la ley para siempre», dijeron los jueces.