El Mensaje del Presidente de la República, Gabriel Boric, ingresado a la Cámara de Diputadas y Diputados, que lleva la firma de la Ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, del Ministro de Hacienda, Mario Marcel, del Ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, y de la Ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, modifica la ley N° 16.391, que crea el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, la Ley de Sismos, la ley N° 16.741, que establece normas para saneamiento de los títulos de dominio y urbanización de poblaciones en situación irregular, la ley N° 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos, la ley sobre gestión de suelo para la integración social y urbana, y, por último, la ley Nº 21.640, de presupuestos del sector público correspondiente al año 2024, con el objeto de atender situaciones urbanas y territoriales urgentes que afectan a la población, especialmente aquella afectada por situaciones de catástrofe, en particular, dota a la Administración de mayores y mejores herramientas para reaccionar de manera eficaz a fenómenos consolidados en el territorio.

El Mensaje expone que el viernes 2 y sábado 3 de febrero del año 2024 se produjeron en la región de Valparaíso diversos incendios. De acuerdo a los antecedentes consignados en el documento “Resumen Ejecutivo Plan de Reconstrucción Incendios Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana”, cuya elaboración estuvo a cargo del Comité de Ministras y Ministros de la Reconstrucción, el incidente dejó un lamentable saldo de 135 víctimas fatales y tres personas desaparecidas al 20 de marzo de 2024. Agrega ese documento que el siniestro destruyó una parte significativa del sistema de áreas naturales, la estructura urbana y el parque habitacional de las comunas siniestradas. Según lo reportado por el Centro de Información de Recursos Naturales, la superficie afectada fue de 11.349,2 hectáreas, de las cuales 427,78 corresponden a zonas urbanas y 10.921,42 a zonas rurales. Y al 21 de marzo de 2024, se han reportado 8.188 hogares y 21.229 personas afectadas, quienes perdieron sus hogares o sufrieron daños significativos en sus propiedades en su mayoría, con un 92% de las viviendas y enseres muy afectados o destruidos.

Aseguran que la catástrofe dejó en evidencia problemas territoriales de antigua data que afectan el sector siniestrado y que, a su vez, se reproducen a diversa escala y con sus propias particularidades en diversos territorios de nuestro país.

Al respecto, identifican como los principales problemas a los siguientes:

• Existencia de sectores urbanos consolidados en los cuales conviven poblaciones que presentan distintos niveles de irregularidad, ya sea por el origen de los loteos que formaron los barrios; la falta de urbanización y/o recepción definitiva de aquellas obras por parte de las Direcciones de Obras Municipales; la indefinición de la calidad jurídica de circulaciones y/o áreas verdes de los sectores; o la situación que afecta a poseedores materiales de pequeña propiedad raíz que carecen de títulos o que los tienen imperfectos.
• Necesidad de traslado transitorio de familias frente a situaciones de emergencia o para la prevención de desastres
• En términos de planificación territorial, los planes reguladores vigentes requieren de actualización en materia de riesgo, desfase que provoca diversas externalidades negativas como el deterioro y empobrecimiento de los sectores afectados; la consolidación de la exposición a amenazas de origen natural o antrópico; o la profundización de la irregularidad, inseguridad y demora en la ejecución de obras o acciones por parte del Estado.
• En el marco de la catástrofe y considerando la urgencia de la reconstrucción, identifican dificultades para la ejecución de iniciativas financiadas por las distintas reparticiones públicas, por ejemplo, en materia de vivienda, obras públicas, salud, educación o deporte. Sostienen que se hace necesario reforzar la formulación de proyectos en las zonas afectadas que permitan responder oportunamente a los requerimientos urgentes que se producen ante situaciones de emergencia.

Ante esto, el Mensaje señala que el Gobierno se encuentra desplegando todas las herramientas que le otorga el ordenamiento jurídico para responder integralmente a la catástrofe de febrero de 2024. No obstante, se requiere de nuevos instrumentos que permitan factibilizar el proceso de reconstrucción urbana y habitacional.

De la misma forma, sostiene que lo ocurrido refuerza la necesidad de impetrar medidas preventivas para atender, gestionar y reducir factores subyacentes del riesgo de desastres, en particular, la irregularidad urbanística de las poblaciones y la falta de actualización de los instrumentos de planificación territorial.

Además, recalca el Ejecutivo que un elemento clave en procesos de reconstrucción urbana y habitacional es facilitar la regularización de asentamientos de larga data en el territorio que se encuentran bajo tuición del Servicio de Vivienda y Urbanización. Consecuentemente, indica que es imperativo efectuar modificaciones que permitan otorgar un mayor grado de operatividad a las leyes de excepción aplicadas en sectores que cuentan con poblaciones con algún grado de irregularidad.

Para ello, el Ejecutivo propone un conjunto de cambios con el objeto de destrabar los nudos que han impedido la regularización de dichos asentamientos, fortaleciendo y armonizando la gestión y funciones que ejercen los servicios de vivienda y urbanización.

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También se considera necesario contar con reglas claras para relocalizar temporalmente familias como parte de las estrategias para afrontar el proceso de reconstrucción, en función de lo cual es relevante desarrollar y ampliar la regulación para la construcción de barrios transitorios.

Asimismo, es necesario atender situaciones consolidadas en el territorio a través de la planificación territorial oportuna, lo que implica establecer mecanismos simplificados nuevos para modificar instrumentos de planificación territorial en aquellas situaciones que exigen urgente atención de acuerdo con la vulnerabilidad a la que se halla expuesta la población.

Finalmente, el Mensaje pone de relieve que si bien los antecedentes, necesidades y problemas que fundamentan la iniciativa cobran especial relevancia en el contexto de la reconstrucción posterior a los incendios del mes de febrero, afectan a distintos territorios a nivel nacional. Por ello las medidas que se proponen buscan tener carácter preventivo, dotando a la Administración de mejores herramientas para prevenir situaciones como la ocurrida y permitiendo reaccionar de manera más eficiente.

El proyecto de ley se encuentra en primer trámite constitucional radicado para su estudio en la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, y en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Vea texto del Mensaje Boletín N° 16.772-14 y siga su tramitación aquí.