La catástrofe que recientemente azotó la Región de Valparaíso, dejó en evidencia problemas territoriales de antigua data que afectan el sector siniestrado y que, a su vez, se reproducen a diversa escala y con sus propias particularidades en diversos territorios de nuestro país.
El juez dio por acreditado que entre el 26 de marzo de 2020 y noviembre de 2021, el inmueble que habitaban los demandantes sufrió el afloramientos de aguas servidas, el que pese a las obras de inspección y reparación, no fue solucionado por la demandada.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Policía Local de Punta Arenas, que estableció la responsabilidad de la denunciada por la falta de mantención de la red de alcantarillado, cuya obstrucción causó el rebalse que inundó la casa habitación de la demandante.
El máximo Tribunal descartó infracción en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que confirmó la de primer grado que acogió la demanda.
La acción de protección no fue concebida como un medio de sustitución de aquellas establecidas por el ordenamiento jurídico para la solución de conflictos.
El demandante debe justificar un interés personal, demostrando que es víctima de la supuesta violación.
El vehículo de una persona sin hogar debe reputarse como su vivienda, sin necesidad de una declaración, y su confiscación constituye una violación de la Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
