La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amplió y realizó un seguimiento a las medidas cautelares dictadas en favor de los integrantes del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), ONG dedicada a la promoción y defensa de los Derechos Humanos en Venezuela. Determinó que el riesgo a su vida e integridad persiste, pues el Estado no estaría adoptando las medidas de protección solicitadas en resoluciones anteriores.
En 2015, la CIDH concedió medidas cautelares a favor de miembros de PROVEA, destacando la relevancia de su labor en la elaboración de informes sobre la situación de Derechos Humanos en Venezuela. La CIDH observó un riesgo diferenciado para los miembros del equipo coordinador de la institución debido a su visibilidad y representatividad.
Además, constató la ausencia de respuesta por parte del Estado desde 2017 a las medidas cautelares, que solicitaban acciones para preservar la vida e integridad de los beneficiarios y para investigar los actos de violencia presuntamente relacionados con sus labores de defensa de los derechos humanos. En 2019 amplió las medidas cautelares en favor de otros integrantes.
En su análisis de fondo, la CIDH observa que, “(…) determinados integrantes de la organización PROVEA, principalmente aquellos que tienen roles de coordinación y amplia visibilidad en representación de dicha organización, son beneficiarios de medidas cautelares desde 2015 y 2019. En ese sentido, resulta sumamente serio que, pese a la vigencia de tales medidas cautelares, el Estado ha dejado de brindar respuesta de manera formal a esta Comisión. Pese a las acciones adoptadas para lograr una respuesta de su parte, la Comisión no ha recibido ningún tipo de información reciente que indique que viene adoptando medidas de protección a favor de las actuales personas beneficiarias”.
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Agrega que, “(…) ante la ausencia de medidas adecuadas para proteger a las personas beneficiarias, quienes cuentan protección internacional, el Estado no ha adoptado ningún tipo de acción reciente para atender la situación que enfrentan los integrantes de la organización PROVEA. Lo anterior ha llevado a que los factores de riesgo identificados por la Comisión en 2015 y 2019 no se concentren solo en las personas que tienen cargos de coordinación, sino también en el resto de las personas que integran la mencionada organización”.
Comprueba que “(…) continúa un patrón de señalamientos y expresiones desde las altas autoridades estatales con el objetivo de diseminar mensajes estigmatizantes y deslegitimadoras de la labor de defensa de derechos humanos realizada por las personas beneficiarias y propuestas beneficiarias. En esa línea, se señala que aquellos que laboran para la organización PROVEA son catalogados como: “vende patria”, “terroristas”, “defensores de terroristas/bandas armadas/mercenarios”, o instrumento de gobiernos extranjeros”.
La CIDH concluye que “(…) es especialmente preocupante que los hechos alegados hayan sido atribuidos a agentes estatales en Venezuela. Dicha situación impacta en la seguridad de los integrantes de la organización PROVEA, y se suma a la ausencia de medidas de protección de parte del Estado, quienes el llamado a tener el rol de garantía y defensa de sus derechos humanos. Pese a que los integrantes de la organización PROVEA adopten medidas de autoprotección, la Comisión advierte que la situación de riesgo alegada continua a la fecha”.
Al tenor de lo expuesto, la CIDH amplió las medidas cautelares a otras personas de PROVEA, aumentando así el número de beneficiarios. Además, solicitó a Venezuela que proteja la vida e integridad de los beneficiarios y que les permita ejercer sus actividades de defensa de los derechos humanos sin presiones y amenazas. También pidió la evacuación de un informe en un plazo de 20 días, contados desde la fecha de esta resolución, para informar los avances de estas medidas.
Vea resolución Comisión Interamericana de Derechos Humanos 26/2024.