Para que se brinde protección a las personas beneficiarias.
CIDH da seguimiento y amplía medidas cautelares dictadas en favor de integrantes de ONG venezolana dedicada a la promoción y defensa de los Derechos Humanos.
El Estado no ha adoptado ningún tipo de acción reciente para atender la situación que enfrentan los integrantes de la organización PROVEA. Lo anterior ha llevado a que los factores de riesgo identificados por la Comisión en 2015 y 2019 no se concentren solo en las personas que tienen cargos de coordinación, sino también en el resto de las personas que integran la mencionada organización.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amplió y realizó un seguimiento a las medidas cautelares dictadas en favor de los integrantes del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), ONG dedicada a la promoción y defensa de los Derechos Humanos en Venezuela. Determinó que el riesgo a su vida e integridad persiste, pues el Estado no estaría adoptando las medidas de protección solicitadas en resoluciones anteriores.
En 2015, la CIDH concedió medidas cautelares a favor de miembros de PROVEA, destacando la relevancia de su labor en la elaboración de informes sobre la situación de Derechos Humanos en Venezuela. La CIDH observó un riesgo diferenciado para los miembros del equipo coordinador de la institución debido a su visibilidad y representatividad.
Además, constató la ausencia de respuesta por parte del Estado desde 2017 a las medidas cautelares, que solicitaban acciones para preservar la vida e integridad de los beneficiarios y para investigar los actos de violencia presuntamente relacionados con sus labores de defensa de los derechos humanos. En 2019 amplió las medidas cautelares en favor de otros integrantes.
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