Una trabajadora de la franquicia Taco Bell, demandó a la empresa acusando la infracción de la Ley de Normas Laborales Justas. Según esta norma, los empleadores deben pagar las horas extras a los empleados cubiertos que trabajan más de 40 horas a la semana. La demandante sostuvo que la empresa incumplía sistemáticamente la ley, sobre todo al registrar las horas trabajadas en una semana como si se hubieran trabajado en otra para evitar que el total de una semana superara las 40 horas.
En su defensa, la demandada argumenta que la trabajadora al solicitar el empleo, firmó un acuerdo para «(…) utilizar el arbitraje vinculante confidencial, en lugar de acudir a los tribunales», con el objeto de resolver cualquier conflicto laboral. A pesar de este acuerdo, la empleada interpuso una demanda colectiva a nivel nacional en contra de la franquicia en un tribunal federal. Esto, pese a que inicialmente respondió la demanda como si no existiera ningún acuerdo de arbitraje, y luego de ocho meses después de la presentación de la demanda, la empresa cambió de rumbo, pidió que se suspendiera el litigio y que se obligara al arbitraje en virtud de los artículos 3 y 4 de la Ley Federal de Arbitraje (FAA).
La demandante se opuso a la moción, argumentando que la empresa había renunciado a su derecho al arbitraje al litigar durante tanto tiempo.
Los Tribunales del grado aplicaron el precedente del Octavo Circuito para decidir la cuestión de la renuncia. Bajo la prueba de ese Circuito, una parte renuncia a su derecho contractual al arbitraje si “(…) conocía el derecho; actuó de manera inconsistente con ese derecho; y perjudicó a la otra parte por sus acciones inconsistentes». El requisito de perjuicio, señaló, no es una característica de la ley federal de renuncia en general. El Octavo Circuito adoptó el requisito en el contexto del arbitraje debido a que la política federal que favorece el arbitraje. Aunque el Tribunal de Distrito consideró que se cumplía el requisito del perjuicio, el Tribunal de Apelación no estuvo de acuerdo y envió el caso de la demandante a arbitraje, por lo que la trabajadora recurrió al máximo Tribunal.
Al respecto, la Corte Suprema señaló que, “(…) Para decidir si se ha producido una renuncia, el tribunal se centra en las acciones de la persona que tenía el derecho; el tribunal rara vez considera los efectos de esas acciones en la parte contraria. Ese análisis se aplica a la renuncia de un derecho contractual, como de cualquier otro. Por lo tanto, al exigir ese tipo de prueba antes de constatar la renuncia a un derecho de arbitraje, el Octavo Circuito aplica una norma que no se encuentra en ningún otro lugar: se trata de una norma de renuncia a medida para el arbitraje”.
En el mismo orden de razonamiento, añade que, “(…) la política es hacer que los acuerdos de arbitraje sean tan ejecutables como otros contratos, pero no más. En consecuencia, un tribunal debe hacer que una parte cumpla con su contrato de arbitraje al igual que lo haría con cualquier otro tipo. Pero un tribunal no puede concebir reglas novedosas para favorecer el arbitraje sobre el litigio.”
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A mayor abundamiento, agrega que, “(…) el texto de la FAA deja en claro que los tribunales no deben crear reglas procesales específicas para el arbitraje. La regla federal habitual de renuncia no incluye un requisito de perjuicio. Por lo tanto, la Sección 6 indica que el perjuicio no es una condición para determinar que una parte, al litigar durante demasiado tiempo, renunció a su derecho a suspender el litigio u obligar al arbitraje en virtud de la FAA. Despojado de su requisito de perjuicio, la investigación de exención actual del Octavo Circuito se centraría en la conducta de la demandada. ¿Renunció la empresa, a sabiendas al derecho de arbitrar al actuar de manera inconsistente con ese derecho?”
En mérito de lo expuesto, anuló la sentencia de la Corte de Apelaciones y devolvió el caso para procedimientos adicionales consistentes con esa opinión.
Vea sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos.