Improcedencia del cambio o reforma de la Constitución

Los ciudadanos y ciertas instituciones públicas de hoy, no se han percatado que los actuales parlamentarios no han cumplido en su calidad única de órgano constituyente, con la obligación de elaborar y redactar la nueva Constitución que tanto han pregonado y al efecto han preferido entregar o delegar dicha obligación a un organismo que han denominado Convención “Constituyente”, la que los electores del plebiscito de 25 de octubre del año 2020, la prefirieron en vez de la llamada Convención Mixta, que se formaría con 50% de parlamentarios y 50% de ciudadanos electos por el pueblo. Además, en la actualidad se aprecia que entre los candidatos a dicha Convención figura una gran cantidad de ex parlamentarios e integrantes de los mismos partidos políticos que en su oportunidad estuvieron por que la señalada Convención estuviera constituida solo por ciudadanos, lo que así lo aprobaron también los electores del 25 de octubre de 2020. Por tanto, es evidente que se está incumpliendo la voluntad y decisión popular, expresada mayoritariamente por los electores en el señalado plebiscito.

De lo precedentemente expuesto, se infiere que tanto los ciudadanos como los parlamentarios en actual ejercicio desconocieron u olvidaron los artículos 127, 128 y 129 de nuestra Carta Fundamental, en cuanto esa normativa establece en forma clara el procedimiento que el Poder Ejecutivo y el parlamento deben emplear para cambiar o reformar nuestra Constitución. Estimo que los señores parlamentarios, al entregar su facultad de constituyente a una Convención que sería elegida por votación popular, realizaron una maniobra política, de dudosa constitucionalidad, ya que al percatarse que no disponían de los dos tercios de los miembros del parlamento para aprobar o cambiar la Constitución del año 2005, no hallaron nada mejor que recurrir a dicha maniobra, que en nuestro concepto contraría las disposiciones constitucionales precitadas. Además, el quórum de los dos tercios para cambiar o reformar la Constitución, se ha establecido para darle durabilidad a la misma y por consiguiente seguridad y estabilidad a la institucionalidad, de manera tal, que el país pueda avanzar en paz y plena normalidad. Así lo pensaron y lo establecieron los constituyentes de las constituciones del año 1925, 1980 y 2005. En consecuencia, al actuar los parlamentarios, mediante la maniobra política indicada no respetaron la señalada norma constitucional sobre el indicado quórum, pues si no lo reunían para llevar a cabo dicha reforma o cambio de la Constitución, simplemente debieron acatar esa normativa y abstenerse de recurrir a la señalada maniobra política.

Estimamos que cuando los parlamentarios u otra autoridad pública contraviene la norma constitucional o cualquiera otra disposición legal o incumple las funciones propias de su cargo, los ciudadanos debieran tener la facultad de ejercer una acción popular contra el infractor ante la Corte Suprema, de tramitación breve, similar a la señalada para el recurso de amparo, pudiendo comparecer sin mandato o patrocinio de abogado, resolviéndose tal acción con el sólo informe escrito del denunciado, salvo que el tribunal estime necesario ordenar agregar algún antecedente para mejor resolver; si se hubiera cumplido con dichas disposiciones constitucionales, obviamente que no habría sido necesario gastar miles y miles de millones de pesos que el fisco ha tenido y tendrá que invertir durante las etapas que tiene asignadas el procedimiento de cambio o reforma constitucional. Dado el estado de avance en que tal procedimiento se encuentra es posible que dicha Convención quede conformada y ella debería ser integrada solamente por ciudadanos, elegidos popularmente, obviamente con exclusión de políticos. Sin embargo, con respecto a esto último, hoy -25 de febrero de 2021-, estamos presenciando que se ha contravenido lo anterior, pues una gran cantidad de ex parlamentarios y de integrantes de los partidos políticos, se encuentran postulando como candidatos a formar parte de la señalada Convención, y además, se ha puesto obstáculos a aquellos que en cantidad de cuarenta postulan a la misma como ciudadanos independientes, desde el momento que para inscribir sus candidaturas han debido reunir un gran número de adherentes y, además, en la franja televisiva, regulada por el Consejo Nacional de Televisión, se les ha asignado para dar publicidad a su programa de acción, un segundo de tiempo a cada uno de ellos, lo que es realmente atrabiliario e irrisorio.