El cambio de la Constitución Política de 1980, “por las buenas o por las malas” —como dijo Fernando Atria Lemaitre—, ha sido un tema que me ha venido preocupando desde hace muchos años, como lo he manifestado en diversos escritos. Por ejemplo, en una carta al Director publicada en el diario La Segunda el 27 de junio de 2015 titulada “Estabilidad” decía:

“La supuesta estabilidad política de Chile es más aparente que real. Es preocupante el gravísimo deterioro del Estado de Derecho —especialmente en la región de la Araucanía y en los procesos judiciales seguidos contra los militares y carabineros—, el sostenido avance de las posiciones más radicales en la sociedad chilena y el afán del gobierno de la Concertación más el Partido Comunista por imponer una nueva Constitución, con la que se pretende introducir un cambio profundo al modelo de desarrollo que tantos éxitos nos ha reportado y que hace aparecer en el horizonte, amenazante, la posibilidad de que Chile emule el camino recorrido por Venezuela.

Algo parecido vivimos en la época 1964-1973, en la que los partidos políticos condujeron a Chile hacia un callejón sin salida, con un país devastado y al borde de una guerra civil; situación que generó la salida militar como un hecho inevitable, como lo reconoció el destacado dirigente comunista Luis Guastavino. ¿Estamos comenzando a repetir la historia?”.

El dilema al que estamos siendo sometidos por la casta política —al tener que optar por una de las alternativas propuestas al final de un segundo proceso constituyente— es producto de la asonada revolucionaria del 18 de octubre de 2019, la que a su vez es producto de la falta de buenos gobiernos; especialmente a partir del segundo mandato de la presidente Bachelet, con su desprecio por el buen desempeño económico y sus malhadadas reformas tributaria, laboral y educacional.

En los plebiscitos constitucionales del 2020 (de entrada) y del 2022 (de salida) voté Rechazo; es decir, por mantener vigente la Constitución Política de 1980. Siendo coherente con tales decisiones y por no satisfacerme el texto de la propuesta de Constitución Política elaborado por el Consejo Constitucional, en un principio pensé votar En Contra en el plebiscito del 17 de diciembre próximo.

El texto de la propuesta de nuevo texto constitucional contiene numerosas normas muy acertadas, que están en consonancia con nuestra tradición constitucional y con los principios de una sociedad libre y que apoyo plenamente.

Sin embargo, discrepo con dicho texto porque incluye disposiciones con las que estoy en absoluto desacuerdo; otras que favorecen el feminismo, el indigenismo, el ambientalismo, el animalismo —banderas de lucha del comunismo— y el intervencionismo del Estado en la vida de las personas y en diversos ámbitos de la vida social; las que, sumadas a la ambigüedad de muchas de ellas, aparte de ocasionar eventuales problemas en el futuro, serían muy inconvenientes y peligrosas en manos de un gobierno de izquierda no democrática que, interpretando dichas normas desviadas de su verdadero sentido y alcance, podrían conducir a un totalitarismo.

Finalmente, discrepo con el texto —mejor dicho, me repugna— porque vulnera el principio básico de toda república: la igualdad ante la ley; ya sea por la vía de los cupos, de los sexos (“genitalización de la Constitución”, como dice Vanessa Kaiser) o de las etnias (“derechos colectivos indígenas” y otras normas que son manifestaciones de una discriminación racial).

Por otra parte, aunque no son objeciones de fondo, me fastidian o me preocupan algunas disposiciones de la propuesta, tales como:

—El uso del “lenguaje inclusivo”, aunque no a un nivel tan grotesco como en la Constitución de Venezuela. Por ejemplo, dice: “Cámara de Diputadas y Diputados”, “embajadores y embajadoras” (art. 100 letra a).

—Conceptos indefinidos, tales como “vivienda adecuada”, “todas las manifestaciones de la cultura”, “bienestar” de los animales, “plazo razonable” (¿como en los procesos judiciales seguidos contra militares y carabineros por supuestas violaciones a los derechos humanos ocurridas hace más de cincuenta años?; art. 16 núm. 7, letra c), “Estado social y democrático de derecho” (la palabra “social” está de más puesto que el Estado es, por definición, una forma de organización social).

—“Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos” (art. 1 núm. 1). ¿También las personas jurídicas? Debería decir “los hombres”, como estaba en el texto original de la Constitución Política de 1980 (según la primera acepción del diccionario de la Real Academia Española la palabra “hombre” significa “Ser animado racional, varón o mujer”).

—“La ley protege la vida de quien está por nacer”. ¿A partir de cuando?: ¿desde el segundo mes de gestación, desde el cuarto, el octavo o a partir del momento de la concepción?;

¿o hasta antes que el niño salga completamente del vientre de la madre, permitiendo el “aborto por nacimiento parcial” defendido por Hillary Clinton? (art. 16 núm. 1).

—La participación de mujeres y hombres “en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional”. ¿En los directorios de sociedades?, ¿en las panaderías?, ¿en los hospitales?, ¿en los jardines infantiles? (art. 2 núm. 2).

—La omisión en el artículo 43 núm. 2 de la propuesta (que es el equivalente al 19 núm. 15 inciso 6 de la Constitución de 1980, que declara inconstitucionales los partidos y movimientos que hagan uso o propugnen la violencia como método de acción política) de la frase “procuren el establecimiento de un sistema totalitario”.

—Como militar me violenta la eliminación —en el núm. 1 del artículo 114— del concepto: “Las Fuerzas Armadas existen para la defensa de la patria”, contenido en la Constitución Política de 1980 (art. 101).

La propuesta minimiza a las FF.AA. y deja a sus miembros como meros funcionarios públicos, desvinculados del concepto de patria, su sustento espiritual.

La patria es el valor fundamental de quienes profesan la carrera de las armas y por el que los militares están dispuestos a dar su vida. Fue en defensa de la patria por la que se inmolaron Arturo Prat y sus hombres y muchos otros héroes a lo largo de nuestra historia.

Me inclinaba por la opción En Contra, por otra parte, porque si ganaba la opción A Favor durante varios años mantendríamos la incerteza jurídica e institucional y la inestabilidad consiguiente —lo que afectaría a la inversión, al crecimiento y al empleo y, en definitiva, al bienestar de los chilenos— debido a las numerosas leyes que deberían ser dictadas a fin de adecuar las existentes al nuevo texto constitucional, promulgar otras y para implementar las nuevas instituciones que se crean; es decir, proseguiríamos con la “constitucionalitis” —o una secuela de ella— y los congresistas estarían ocupados en discutir y en redactar dichas normas jurídicas en lugar de legislar para tratar de solucionar los graves problemas que nos afectan; tales como pensiones, salud, educación, vivienda, decrecimiento económico, inmigración ilegal, orden público, delincuencia, terrorismo en La Araucanía, seguridad ciudadana, hacinamiento carcelario y otros que afectan gravemente a los derechos humanos y al bien común.

Sin embargo, después de un profundo proceso de reflexión y aun cuando el texto de la propuesta no me satisface por los motivos antedichos, considerando diversas razones que expondré a continuación y acogiendo las opiniones de destacados profesores expertos en derecho constitucional —especialmente las de Raúl Bertelsen Repetto, Gonzalo Rojas Sánchez, Gonzalo Ibáñez Santa María y Francisco Bartolucci Johnston— he decidido votar A Favor.

El triunfo de la opción En Contra tiene numerosos riesgos. Se dice que con la reducción del quorum de 2/3 a 4/7 es mucho más fácil reformar la Constitución. En rigor, no es tanto menos que la reducción a 3/5 con el que lo deja la propuesta. A mi juicio, más peligroso es lo establecido en la ley que rebaja el quorum para modificar las leyes orgánicas constitucionales a la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio (21.535 del 27 de enero de 2023). Ello nos deja, podríamos decir, ante un “parlamentarismo de facto” en que el Congreso, mediante tal mayoría, puede modificar leyes tan importantes como las orgánicas constitucionales de Enseñanza, del Banco Central o de Carabineros de Chile.

Hay quienes piensan que en caso de triunfar la opción En Contra se asegura la vigencia de la actual Constitución, pero eso —como ha dicho Gonzalo Ibáñez Santa María— “es un espejismo, puesto que con ello se abriría una Caja de Pandora de la cual nada bueno podría salir”.

Al respecto cabría comentar que numerosos actores políticos —de izquierda y de derecha— han declarado que la Constitución Política de 1980 “está muerta”, de modo que si ganase la opción En Contra habría que resucitarla. La verdad es que la Carta Magna vigente no se viene respetando desde hace tiempo: por ejemplo con el retiro de fondos previsionales, caso en que, según su artículo 65, la iniciativa de proyectos de ley sobre esa materia es una facultad exclusiva del Presidente de la República. Para violar tal norma los congresistas usaron, como resquicio, una reforma constitucional; obviando el hecho de que una ley de reforma constitucional es también una ley. Lamentablemente el presidente Piñera no la vetó y aceptó tan aberrante procedimiento, restándole dignidad y respetabilidad a la Carta Fundamental; lo que representó una estocada que contribuyó a su “fallecimiento”.

Sea como fuere, lo curioso es que el triunfo de la opción En Contra, que apoyan los sectores políticos oficialistas, legitimaría democráticamente, una vez más, la Carta Magna de 1980 —la “Constitución de Pinochet” o “de los cuatro generales”—; cuyo cambio y la “tumba del neoliberalismo” eran banderas de lucha de tales sectores.

Entre las ventajas o la conveniencia de que en el plebiscito del 17 de diciembre triunfara la opción A Favor cabría considerar:

Se cerraría el malhadado proceso constituyente, que ha tenido a Chile “en pausa”, con una enorme fuga de capitales y con las inversiones prácticamente paralizadas durante cuatro años.

Pero, ¿se cerraría realmente? Los comunistas y los partidos y movimientos de extrema izquierda no lo darán por cerrado en tanto en cuanto no sea implantada una Constitución de carácter totalitario, que de cumplimiento a lo establecido en el penúltimo párrafo del Manifiesto Comunista de 1848: “Los comunistas no tienen por qué guardar encubiertas sus ideas e intenciones. Abiertamente declaran que sus objetivos sólo pueden alcanzarse derrocando por la violencia todo el orden social existente”.

Tales sectores perseverarán, incansablemente, en sus acciones destinadas al establecimiento de una Constitución “del pueblo”; a cumplir con lo que dijera Salvador Allende en su primer mensaje al Congreso Pleno el 21 de mayo de 1971: “El nuevo orden institucional responderá al postulado que legitima y orienta nuestra acción: transferir a los trabajadores y al pueblo en su conjunto el poder político y el poder económico. Para hacerlo posible es prioritaria la propiedad social de los medios de producción fundamentales. Al mismo tiempo es necesario adecuar las instituciones políticas a la nueva realidad. Por eso, en un momento oportuno, someteremos a la voluntad soberana del pueblo la necesidad de reemplazar la actual Constitución, de fundamento liberal, por una Constitución de orientación socialista”.

En relación con el término de este proceso constituyente surgen algunas preguntas:

Después del 17 de diciembre, si ganare el En Contra, el Partido Comunista y otros partidos y movimientos de extrema izquierda ¿respetarán la Constitución Política de 1980 o tratarán de iniciar un nuevo proceso dentro de un par de años más? Y si ganare el A Favor ¿respetarán el resultado del plebiscito —especialmente si la diferencia entre ambas opciones es muy estrecha— y la “Constitución de Boric” o realizarán movilizaciones “pacíficas” para desconocer la nueva Carta Fundamental e iniciar un tercer proceso?; proceso en el que probablemente —por no decir seguramente— no se respetarían las bases y principios de una sociedad libre, como en la propuesta a plebiscitarse el 17 de diciembre.

A continuación transcribiré algunas opiniones de destacados políticos, académicos y columnistas que han optado por la opción A Favor:

Raúl Bertelsen Repetto, expresidente del Tribunal Constitucional:

“Nadie, que me conozca, ignora mi adhesión a la Constitución de 1980. Integré la Comisión de Estudios que elaboró su texto, participé en la redacción de las leyes orgánicas constitucionales necesarias para su aplicación, formé parte del Tribunal Constitucional y llegué a presidirlo, la enseñé durante cuarenta años de docencia universitaria, y escribí un libro En defensa de la Constitución para que no se iniciara el proceso constituyente que llevó a la elección de la Convención Constitucional cuya propuesta fue rechazada el año pasado.

La Constitución de 1980 hoy está desarticulada; ha sido objeto de reformas que la han desnaturalizado, y en su aplicación judicial, bien por la Tercera Sala de la Corte Suprema o por el Tribunal Constitucional, algunas sentencias le han dado un significado que no es el auténtico. Y lo que es más grave, se ha alterado últimamente el procedimiento para reformarla y ha quedado convertida, en la práctica, en una Constitución flexible que una mayoría parlamentaria débil puede alterar a su gusto. No es una casualidad, entonces, que los sectores políticos que con más fuerza la criticaron, hoy se inclinen por mantenerla. En sus manos, si llegan a ser mayoría en el Congreso Nacional, les sería un instrumento útil”.

Gonzalo Rojas Sánchez: “Hay un contexto estratégico extremadamente delicado: Si ganare el ‘en contra’ el Partido Comunista tendría una fuerza mucho mayor para derribar nuestra democracia en nombre del pueblo”.

Por mi parte agrego que el triunfo de la opción A Favor representaría una nueva desaprobación al gobierno de extrema izquierda actualmente en el poder y lo debilitaría; dejándolo en una posición desmedrada en las discusiones legislativas, tales como la tributaria y la de pensiones.

En un anexo al presente escrito se transcribe una columna de profesor Rojas titulada “El anhelo de estabilidad”.

Por mi parte agregaría otra ventaja del triunfo de la opción “A Favor”: ya no sería la “Constitución de Pinochet”, cuyo cambio de nombre ha sido una de las razones de los comunistas y de sectores de izquierda para cambiarla; además de la tan bullada “ilegitimidad de origen”.

Al respecto David Gallagher ha dicho: “La propuesta constitucional, por imperfecta que sea, tiene elementos muy positivos. Desde ya, no se puede objetar su legitimidad de origen. El Consejo fue elegido en elecciones libres, y la Comisión de Expertos fue nombrada con transparencia por el Congreso, que además delineó doce bordes que el Consejo respetó. Finalmente había un Comité Técnico de Admisibilidad ante el cual ningún consejero reclamó”.

Lucía Santa Cruz, por su parte, ha escrito: “Uno de los méritos del texto es que profundiza derechos ya existentes e introduce nuevos y no impide la ampliación de la acción del Estado, pero también ofrece márgenes de libertad que la hegemonía estatal no garantiza. Esto permite compatibilizar los deseos de quienes ven en el Estado la panacea para un mejor vivir y quienes pensamos que la participación libre de los individuos tiene mucho que contribuir al bienestar de la colectividad”.

Sergio Muñoz Riveros ha escrito: «Necesitamos dar vuelta la página. El nuevo proyecto resguarda lo que el texto de la Convención negaba: la integridad territorial de Chile, el Estado unitario, la división de poderes, el ejercicio de las libertades, el régimen presidencial, el Parlamento bicameral, la alternancia en el poder. Hay que cerrar esta prolongada etapa de confusión e inestabilidad, y la mejor vía parece ser la aprobación del nuevo texto, pese a los reparos de diversa naturaleza que se le han hecho. Los pilares de la democracia representativa aparecen garantizados”.

La propuesta constitucional, según Edmundo Eluchans Urenda, “es positiva para Chile y los chilenos, ya que por primera vez en cuatro años hay un camino concreto de salida de la crisis; porque la propuesta es realista y viable; porque nos permitirá recuperar la paz perdida; porque a diferencia de la propuesta anterior recoge las tradiciones sociales e institucionales de nuestro país, y porque está hecha en democracia, recoge anhelos ciudadanos y asegura estabilidad”.

Joaquín Fermandois Huerta —autor del libro La revolución inconclusa. La izquierda chilena y el gobierno de la Unidad Popular— ha dicho que el texto debería aprobarse porque “no se le puede comparar al producto de la fenecida Convención, más una pieza de vaudeville y manifiesto de populismo radical antes que una Carta viable. El documento del Consejo está muy lejos de eso. En lo esencial, recoge la correcta tradición constitucional chilena y de las democracias importantes del globo. Refuerza de manera razonable el carácter del Estado social, que ya estaba en la de 1980. Y es también explícito en la dualidad Estado/mercado —o sociedad civil económica, como prefiero denominarla— teniendo en cuenta las tentaciones surgidas en la historia de Chile”.

Según Gonzalo Ibáñez Santa María: “El proyecto es mejorable, pero es suficientemente sólido para garantizar un futuro de paz, de armonía y de progreso para el país”.

Concluiré el presente escrito transcribiendo un mail que acabo de recibir de parte de mi amigo Francisco Bartolucci Johnston:

«A esta altura, yo el texto lo acepté y ya se verá hacia adelante las batallas que tendremos que dar en su interpretación, aplicación y complementación.

Ahora mi perspectiva es política: el triunfo del «en contra» abre el camino a la izquierda para que, con nuevos bríos y repetidos argumentos, impulsen —incluso por la violencia— una nueva arremetida para imponer la Constitución que quieren.

Argumentarán: «el pueblo» rechazó un primer texto, luego rechazó un segundo, de modo que el asunto sigue abierto… vamos de nuevo. No entreguemos nuestro país a un derrotero muy incierto y peligroso.

Por el contrario, el triunfo del «a favor» permitirá argumentar: «el pueblo» dio su aprobación, esto queda cerrado y se termina… y terminado quedará (les resultará muy difícil reabrirlo).

Aprobado el nuevo texto, seguiremos —para eso estamos aun vivos— dando nuestras batallas y no permitiremos interpretaciones o aplicaciones en favor del socialismo, progresismo o como se llamen». (Santiago, 6 de diciembre de 2023)

ANEXO

El anhelo de estabilidad

Gonzalo Rojas Sánchez, El Mercurio de Santiago, 29 de noviembre de 2023.

Frente al presente de Chile, hasta el más sencillo ciudadano es capaz de encontrar la fibra central de nuestras angustias: la inseguridad ante el futuro inmediato y el consiguiente anhelo de estabilidad.

Salimos hace cuatro años de esa condición tan deseable y aún no logramos volver a ella. Entramos en una campana de Gauss que nos ha tenido en el peor de los mundos —la violencia, asociada con el desgobierno y con la crisis económica— y aunque hoy parece que podríamos recorrer el camino que baja la cuesta para ponernos de nuevo en la ansiada estabilidad… nada de eso es seguro.

Lo que está en juego el 17 de diciembre no es solo un texto, un proyecto de Constitución, con sus muchas virtudes y con algunas carencias y defectos (y sobre unas y otras, es legítimo que tengamos diferencias). Pero ¿no resulta acaso evidente para todos que ese día, o cerramos un proceso y nos damos la posibilidad de volver a la estabilidad o mantenemos la campana de Gauss allá arriba, y le damos una nueva opción a que revivan los peores momentos de estos últimos cuatro años… y quizás por cuánto tiempo más?

Sería extraño, insólito más bien, que alguien defendiera la tesis de que da lo mismo, de que con uno u otro resultado o todo volverá a la normalidad —a la ansiada estabilidad— o todo seguirá igual de caótico como viene siéndolo desde octubre del 2019.

Las vidas de los países no son así, porque nuestras decisiones siempre tienen consecuencias. Sostener que todos los resultados dan lo mismo, incita a anular la deliberación.

Por supuesto, es posible que la ansiada estabilidad no llegue con el triunfo de la opción A favor, porque siempre habrá fuerzas que consideren que la sola idea de volver a la vida normal es algo perverso en sí mismo. Por cierto, esa es la tesis del Partido Comunista, maestro y doctor en revoluciones.

Pero justamente porque ese dato está muy presente en la situación actual, precisamente porque pase lo que pase vamos a tener que enfrentar una vez más su talante sedicioso, es imprescindible contestarse la pregunta fundamental: ¿Qué resultado hace más difícil la acción de los que pretenden que la inestabilidad se convierta en norma? (¿se acuerdan del eslogan octubrista: “¡Se acabó tu normalidad!”?).

La victoria del En contra abre camino a dos fuerzas que, complementándose entre sí, nos pueden mantener en el vacío vital, cuando justamente lo que deseamos es tierra firme donde poner los pies de nuevo.

Por una parte, si quedase vigente la actual Constitución, la rebaja de los quorum de reforma a los 4/7 hace casi imposible defender sus mejores normas, justamente las que las izquierdas no quieren proteger. No es efectivo que se hayan enamorado del texto vigente: simplemente saben que “Pepito paga doble”: rechazado el proyecto del plebiscito, podrán también modificar a su antojo la normativa vigente. Es lo que los amigos “Z” (como tienen la piel tan sensible, no voy a usar la palabra completa) no han logrado entender.

Y, por otra, el PC en la calle, escogiendo entre varios objetivos: o forzando un tercer proceso u obligando a hacer en sede parlamentaria las peores reformas posibles. Porque

¿alguien en las izquierdas algo más moderadas se atreverá a contradecir al “gran ganador” del 17 de diciembre, si triunfa el En contra? Y, además, el PC verá en esa movilización, primero programada y después desbocada, el instrumento para distanciarse de un gobierno ya absolutamente fracasado, promoviendo una imagen verdaderamente revolucionaria con vistas a los próximos procesos electorales.

En la vida social, la psicología importa mucho. Por eso, no tiene sentido alguno regalarle una victoria a quienes cargan con el peso de dos derrotas consecutivas.