Nacionalización y indemnizaciones
Rentabilidades excesivas en la discusión constituyente.
Un rasgo que se advierte en la actual iniciativa es el silencio que se guarda a la hora de circunscribir lo que debe entenderse por “rentabilidades excesivas”. Dejando al margen todos los reparos que pueden cernirse sobre la norma utilizada por la Unidad Popular –modelo obligado de la propuesta convencional–, se reconoce en aquella no sólo un procedimiento de reclamación sino que también un concepto de lo que, en la época, debía entenderse por “rentabilidades excesivas”. Ausentes ambos de la proposición aprobada en general.
Luego de haberse aprobado por unanimidad, con el número 17.450 entró en vigor el 16 de julio de 1971 una reforma a la Constitución Política de 1925[1] que dio vida al proyecto de la Unidad Popular que mayores efectos e incidencia tendría para el futuro del país: la nacionalización de la Gran Minería del Cobre.
Como se sabe, el mecanismo de la nacionalización supone un acto unilateral del Estado por el cual se priva a un particular de su derecho de propiedad sobre un bien que, conforme a consideraciones de orden político e ideológico, pasa así al dominio público permanente. Su causa única es el interés nacional, de modo que el baremo de la indemnización en favor del nacionalizado se determina atendiendo exclusivamente al interés general de la sociedad.
Tal es la naturaleza de este instrumento.
Te puede interesar
