La principal novedad de la propuesta constitucional en materia de gobernanza judicial recae en la creación de aquel órgano encargado del nombramiento de los integrantes del Poder Judicial. En específico, el art. 162 crea un órgano encargado de la designación o nominación, según sea el caso, de jueces tanto de los tribunales superiores de justicia como de los juzgados letrados.