Protección de la sociedad y el bien común se imponen por sobre la relación familiar de extranjero que es expulsado y que cumple condena por violación impropia.

La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que rechazó el recurso de reclamación en contra de la resolución del Servicio Nacional de Migraciones, que dispuso la expulsión del reclamante del territorio nacional además de una prohibición de ingreso al territorio nacional de veinticinco años.

El reclamante expone que, en junio de 2022, fue condenado como autor del delito de violación impropia, a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, a la pena de interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oído cómo pariente en los casos que la ley designa y a la sujeción de vigilancia de la autoridad por un periodo de 10 años, y a las penas accesorias de inhabilitación absoluta derechos políticos y de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

Agrega que fue notificado por parte de la PDI, con fecha 26 de febrero de 2024, del inicio del procedimiento sancionatorio en su contra, otorgándole un plazo de 10 días hábiles para realizar sus descargos, pero debido a que se encuentra privado de libertad no los pudo realizar, lo que en definitiva redundó en la expulsión del país.