¿Quién se encarga del nombramiento de jueces en la nueva propuesta constitucional?

Una de las principales características de la propuesta constitucional es que mantiene, en gran medida, la tradición histórica-constitucional chilena. Conserva un sistema de gobierno presidencial y democrático sustentado en el respeto irrestricto de la dignidad humana. La función legislativa radica esencialmente en el Congreso Nacional cuya estructura sigue siendo bicameral y cuyos parlamentarios son elegidos a través de elecciones periódicas.

Sin embargo, esta característica de la propuesta constitucional respetuosa de la tradición histórica chilena tiene una importante excepción: el capítulo del Poder Judicial. En la propuesta constitucional se elimina la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema. En consecuencia, se espera que el Poder Judicial en general, se avoque solamente a cuestiones de carácter jurisdiccionales, y especialmente la Corte Suprema a velar por la uniforme interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, garantizar la efectiva vigencia de los derechos y garantías constitucionales en las materias de su competencia y las demás atribuciones que establezca la Constitución y la ley[1]. También los tribunales superiores de justicia mantienen la facultad de dictar auto acordados[2].

En cuanto a aquellos asuntos administrativos, que en la propuesta constitucional recibe el nombre de “gobernanza del Poder Judicial”, como el nombramiento de sus integrantes, la formación y perfeccionamiento de jueces y funcionarios; así como la gestión y administración del Poder Judicial quedarán entregados a la competencia de órganos con autonomía legal que funcionarán de forma separada y coordinada[3] (en adelante: órganos especiales).