En el marco del actual proceso constitucional se aprobó una norma que limita al Estado en el ejercicio de sus potestades sancionatorias, consagrando una inédita reserva legal absoluta en esta materia. La discusión ha revivido viejos debates en torno a la comprensión de la administración y su rol en el ejercicio de derechos y potestades públicas, amenazando con enterrar una serie de proyectos de ley actualmente en curso.