Sanciones administrativas y nueva Constitución: Una relación asincrónica.

A partir del texto constitucional de 1980, una parte importante de la doctrina administrativa chilena ha concebido al derecho administrativo principalmente como un instrumento para limitar el poder de la Administración estatal[1]. Bajo la idea de una preeminencia natural y a todo evento del despliegue de la libertad individual, se ha considerado la intervención administrativa como una expresión de *“despotismo”*y *“totalitarismo”,*características que expresan una severa desconfianza frente al poder estatal, cuyas ideas han inspirado la jurisprudencia más reciente del Tribunal Constitucional, la cual se ha encargado de limitar, por la vía del control preventivo de constitucionalidad, un conjunto de “potestades” y “privilegios” propios de cualquier administración[2].

Cabe señalar que este trabajo ha sido desarrollado, principalmente, al amparo de la escuela liderada por el profesor Eduardo Soto Kloss, quien, en la década de 1970, propuso una versión específica de la idea de despotismo que terminaría por sepultar nuestro viejo derecho administrativo y lo transformaría en un mecanismo de control de potestades en resguardo de ciertos derechos. Lo anterior, desde luego, propició las condiciones para establecer un sistema de control judicial estricto, escéptico de la discrecionalidad, que, por supuesto, reprende constitucionalmente[3] cualquier propósito de intervención pública y controla férreamente los poderes sancionatorios de la administración, consagrando así un nuevo paradigma en la historia constitucional chilena[4].

Esta comprensión del fenómeno jurídico, que intentó verse interrumpida en el fallido proceso anterior, parece encontrar sentido y continuidad al alero del momento constituyente en curso. A saber, durante la trigésima cuarta semana del proceso, específicamente en el contexto de la tercera jornada de votación plenaria, se aprobó una norma que ha despertado gran interés: