No está de más señalar que esta posición del juez constitucional costarricense desde el 2017 es más que insólita: una rápida búsqueda permite confirmar que sus homólogos en otras latitudes del continente americano no tienen ninguna reserva en calificar la participación ciudadana en asuntos ambientales como un  “derecho”. A modo de ejemplo entre muchos, es el caso de la Corte Suprema de Justicia de Chile así como de la Corte de Constitucionalidad de Colombia o bien de la Corte de Constitucionalidad del Ecuador.