El 11 de septiembre de 1973 no había democracia en Chile, pues ya había fallecido. Lo que hicieron las FF.AA. y Carabineros fue darle sepultura. Y no solo la democracia había sido destruida, sino que también la economía; las que fueron recuperadas por tales instituciones con la cooperación de un selecto grupo de civiles.
Si consideramos el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973 en el que se señala “el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República”; lo declarado a miembros de la directiva de la SOFOFA por Eduardo Frei Montalva: “desgraciadamente este problema sólo se arregla con fusiles”; lo declarado a Patricio Aylwin por el ministro de la Corte Suprema Rafael Retamal: “los extremistas nos iban a matar a todos”, lo que es concordante con la respuesta que le dio el cardenal Silva Henríquez a la pregunta de William Thayer Arteaga: “Dígame, Eminencia, ¿no cree usted que si no es por los militares a muchos de nosotros nos habrían asesinado?’: “No sólo a ustedes, sino que a mi también. A todos nosotros”; lo dicho por Eduardo Frei Montalva en su carta a Mariano Rumor del 8 de noviembre de 1973 y la declaración a un periodista del ABC de Madrid (publicada el 10 de octubre de 1973) “los militares han salvado a Chile“ y que “Los militares nos salvaron la vida y de una degollina” (en las memorias de William Thayer Arteaga), no cabe duda alguna de que la intervención militar fue justificada, necesaria e inevitable: la que fue apoyada por la gran mayoría de los ciudadanos, que en ciudades y poblaciones enarbolaron banderas chilenas.
Las violaciones a los derechos humanos cometidas por algunos militares y carabineros con posterioridad al 11 de septiembre si bien son injustificables, son comprensibles considerando el ambiente de odio que se vivía —que dividió a los chilenos en dos bandos irreconciliables y que los llevó al borde de una guerra civil— la agresión terrorista y las gravísimas violaciones a tales derechos cometidas por quienes llevaban a cabo una violencia subversiva y revolucionaria, la que debió ser reprimida por las fuerzas de orden y seguridad del Estado a fin de conservar el orden público, obligación esencial de todo gobernante.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Magíster en Ciencia Política