Desasimiento judicial.

La presidente (s) de la Tercera Sala de la Corte Suprema, Angela Vivanco, declaró en una entrevista que las devoluciones por ISAPRES a beneficiarios de salud privada, resueltas por dicho tribunal, en realidad corresponden únicamente a quiénes hayan recurrido, no a los demás contratantes de la salud privada. Un vuelco total en lo que se venía comprendiendo en la discusión pública desde hace medio año. Dichas declaraciones se encuentran en abierta contradicción con lo resuelto por el fallo respectivo, además de ser sostenidas bajo un fundamento improcedente.

Primero, la resolución de la Corte, en su parte resolutiva, dispone expresamente medidas para «todos los contratos de salud», no solo para los recurrentes. Segundo, el efecto relativo de las sentencias judiciales (expresado por la ministra como «al no haber nunca usted demandado, no tiene nada hacia atrás que cobrar») no limita en estos casos al excelentísimo tribunal, pues las Cortes en conocimiento de una acción de protección están facultadas para disponer «todas las providencias que juzgue necesarias para reestablecer el imperio del Derecho» (art. 20 CPR), por lo que no las restringe lo pedido en la acción, ni las partes recurridas, sino que pueden disponer medidas de alcance extensivo, como fue en este caso.

Lo declarado modifica esencialmente el contenido de una sentencia ya dictada y notificada. Dicha circunstancia es del todo grave, dado que vulnera el principio de desasimiento de los tribunales (art. 182, Código de Procedimiento Civil) y, aún peor, se hace a través de la prensa, no a través del mecanismo oficial, que es el recurso de aclaración, rectificación o enmienda, el cual solo habilita a corregir las expresiones formales del tribunal, mas no a alterar la voluntad ya declarada.