Derechos del imputado en juicio
El derecho de defensa a la luz de los fundamentos del proceso penal.
El derecho primordial del imputado es el derecho a defensa, y más propiamente el derecho a ser oído, tener asistencia jurídica o letrada, el derecho a rendir prueba y contrastar con la evidencia incriminatoria. Su objetivo no es, por tanto, garantizar la impunidad o privilegiar la situación del responsable penal, sino que quien sea objeto de investigación y enjuiciamiento criminal tenga todos los medios suficientes para conducir el proceso hacia la averiguación de la verdad, sea que esta mantenga la inocencia del acusado o bien habilite la atribución de responsabilidad penal.
En la propuesta constitucional que será sometida a ratificación popular este diciembre, se ha reconocido el derecho de defensa a las víctimas en el proceso penal. Dicha norma se encuentra en la letra c) del artículo 16 N°6 del Capítulo II sobre derechos fundamentales, en el 176 N°2, bajo el Capítulo XI sobre Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas, entre otras disposiciones.
En lo literal, los preceptos señalan que “la ley señalará los casos y la forma en que las personas naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica gratuitas” y que “la Defensoría [de las Víctimas] contará con unidades especializadas a cargo de la defensa de las víctimas de delitos en conformidad con la ley”, respectivamente.
Sin adentrarnos en el mérito de un nuevo servicio que se encargue de la protección y asistencia jurídica de las víctimas en el ejercicio de sus derechos, lo cual puede ser una política favorable en cuanto a superar las actuales deficiencias del sistema actual (donde dicha función recae en el Ministerio Público, organismo que comparte dicho cometido con la persecución del delito, entre otros), el reconocimiento del derecho a defensa en extensión hacia las víctimas requiere algunas observaciones con tal de advertir sus deficiencias y riesgos en cuanto al funcionamiento del sistema de justicia criminal y la tutela efectiva de los intereses de la víctima.
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