Hace unos días, cuando escribo esta breve carta, el Ministro de la Excma. Corte Suprema Haroldo Brito deja su relevante cargo, por cumplir la edad máxima exigida por nuestra Constitución para el ejercicio de la judicatura.
La prensa, en general, menciona el nombre de este juez como aquel que “inspiró a los garantistas” o como el juez “protector de los derechos humanos”, resaltando entre sus cualidades, precisamente, el haber protegido los derechos humanos de todos los ciudadanos, inclusive, los de aquellos delincuentes que se enfrentan a todo el poder estatal (Ministerio Público y policías) en su contra.
Así las cosas, los medios asocian el nombre de Brito a “justicia en materia de derechos humanos”, destacando su apego irrestricto a los tratados internacionales de derechos humanos, y su aplicación directa de los mismos al fallar causas nacionales. Efectivamente, bajo el actual proceso penal, este juez se ha caracterizado por exacerbar el garantismo, ya existente en el actual Código Procesal Penal. A raíz de esto, sin duda alguna, los delincuentes tradicionales e incluso aquellos condenados por delitos tan graves como los delitos terroristas, lamentan la partida de Haroldo Brito.
Sin embargo, nadie habla de la “justicia de Brito” respecto de las personas enjuiciadas y condenadas por causas de derechos humanos, tanto civiles como militares, quienes deben enfrentar no sólo el poder estatal de las policías, sino, además, el de los ministros de fuero, que al amparo de un proceso penal inquisitivo y secreto, de inicios del siglo pasado, y con la premura que les exige el Código Orgánico en la resolución de estas causas, deben investigar, procesar, acusar y condenar, en algunos casos, haciendo caso omiso al mandato expreso de normas básicas del proceso penal antiguo, como los artículos 42, 109, 456 bis y 488 del Código de Procedimiento Penal. Y cuando ya las instancias han fallado, y el recurso de casación en el fondo se percibe (ingenuamente) como la última esperanza de hacer justicia, aparece la “justicia de Brito” (y la de otros jueces de garantismo sesgado, como el Ministro Jorge Dahm, quien deja su cargo el próximo mes), que se encarga de dar el golpe final, en muchos casos, de una forma tal, que hace que las defensas se arrepientan de haber escalado el asunto al conocimiento del máximo Tribunal.
Son estas personas, los condenados por causa de derechos humanos que represento habitualmente, quienes han sufrido en carne propia la “doctrina Brito”, una justicia tuerta y sesgada, implacable, indolente e inmisericorde, capaz de fallar contra texto expreso de la Constitución Política (p. ej. artículo 19 N°s. 3 y 7) y, contra la ley interna (DL 321, Ley 19.856, Ley 18.216, artículos 15, 16, 17, 93, 96, 103 del Código Penal, etc.), y de paso, violando principios básicos del derecho penal (principio de legalidad, principio de irretroactividad, principio de tipicidad, principio de presunción de inocencia, principio pro reo, etc.), todo para -en base a una discutida supraconstitucionalidad de los tratados de derechos humanos- satisfacer los estándares -supuestamente exigidos- por la “constitución universal de los derechos humanos”, y así, con sus penas draconianas, abrazar los modelos retribucionistas más extremos, fundados en una visión funcional sistémica de la sociedad, que privilegia la vigencia de esta norma universal por sobre consideraciones preventivas basadas en el respeto y protección de bienes jurídicos, y en la función resocializadora de la pena.
Para estas personas que represento, y sus familias, la partida de Haroldo Brito obviamente alegra, aun cuando su reemplazo tampoco genere mucha esperanza, pero su legado, lamentablemente, duele, y mucho, sobre todo para quienes gracias a este juez y su nefasta “doctrina”, morirán -viejos y enfermos- en la soledad de una cárcel, desde luego, una aflicción generalizada, que afecta a un grupo importante de nuestra población (no sólo la familia militar), y que representa un sentir que es muy impropio de lo que debiera ser la herencia que deja un juez de carrera que alcanzó la cúspide del Poder Judicial.
Carla Fernández Montero
Abogada
Derecho Penitenciario
Duele el garantismo hemipléjico. Porque ninguna medida es justicia cuando se aplica sólo a un grupo. También duele que se decida que las familias hereden un castigo para el que no hicieron mérito alguno. Cuando un anciano postrado, con Alzheimer, no es autorizado a morir en su casa, quien sufre es la familia, que no puede cambiarle los pañales y atenderlo.
Esto se da, además, en un escenario donde un joven hereda beneficios PRAIS y otro no, ambos con similares competencias personales (Discriminación de la más pura) Los jueces son personas inteligentes, imagino que leyeron la figura completa ¿Querían, entonces, esta «justicia» suprageneracional?
Y lo mas lamentable es que al parecer no tiene conciencia ni pudor a sabiendas que ha cometido actos contrarios no solo a nuestro ordenamiento juridico si no a la minima conciencia moral y etica propia de quien tuvo las atribuciones correspondientes a su cargo.
Excelente columna de Carla Fernández, valiente y patriota que se atreve a decir la verdad del gran «negociado» ideológico y de lucro de los mal llamados DDHH, que atenta gravemente contra la seguridad nacional.
Este personaje con problemas mentales , debio dejar el cargo hace tiempo , la mezcla del Alzheimer y la ideología marxista era 1 arma mortal para destruir a cuanto inocente se le cruzara por delante. Como pecas pagas Haroldo Brito‼️
Qué me alegro la partida de este maldito juez Brito !!, siendo un hombre de leyes, no aplicó justicia justa a los uniformados que defendieron la Libertad de nuestro país. Ha sido un juez prevaricador , comunista, lleno de venganza y le deseo que en su vida familiar lo pase pésimo por el resto de su vida.
Fuerte y Claro!!!! la abogada Carla Fernández dice la verdad que muchos callan por temor.
Valioso comentario de la abogada Carla Fernández Montero, defensora de los verdaderos derechos humanos y conocedora de las injusticias procesales que afectan a los ancianos presos y procesados de las Fuerzas Armadas y Policías , por causas de DD.HH.
excentw análisis y comentario.. Qué terrible tener esta calaña de jueces tan predicadores y cdr como éste, algún día deberán rendir cuenta ante la historia, son miserables, rastreros y prevaricadores. una consulta, esas condenas en indemnizaciones supuestas para familiares, qué porcentaje llega a ellas, cuanto a los abogad8s truchas y cuanto a los jueces????? Estarían abiertos a exhibir sus cuentas corrientes y depositos?????? Mugrientos chupa sangre
Clarito y valiente Carla Fernández
Nuevamente, la claridad mental de esta abogada sorprende, su forma de escribir siempre trae algo nuevo e invita al lector a reflexionar, sin duda una profesional de excelencia, felicitaciones a ella y el diario constitucional por atreverse a levantar la alformbra de la justicia chilena.