Se ha subrayado en estos días el perfil republicano del expresidente Sebastián Piñera y se ha señalado que la noche del 12 noviembre del 2019 con su decisión de llamar a un “Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución” – descartando la opción de decretar el Estado de Sitio – permitió la continuidad del sistema democrático.

Quiero completar el cuadro destacando al segundo protagonista de la gesta democrática de aquellos aciagos días en que las fuerzas de la extrema izquierda, acompañadas del lumpen, pretendieron en tumulto y armadas tomar el control del gobierno y del país. Me refiero a Carabineros que debió en las calles enfrentar a las huestes revolucionarias que para obtener su propósito ejercían contra la autoridad presidencial, el país y nosotros los ciudadanos una violencia demencial. Carabineros actúo siempre profesionalmente, dentro de la legalidad, cumpliendo órdenes, siguiendo los protocolos establecidos, y lo hizo poniendo en riesgo su integridad física e incluso su propia vida.

Por lo anterior, resulta inentendible e inaceptable que se prepare ahora una formalización penal en contra de los generales directores de la época, Mario Rozas y Ricardo Yáñez, por la “responsabilidad por omisión” que les cabría en lesiones sufridas por manifestantes que entonces, para alcanzar sus propósitos golpistas, atacaron armados a las fuerzas policiales. Pregunto: ¿era posible detener una programada y violentísima asonada callejera que buscaba desestabilizar la democracia y derrocar a un Presidente constitucional en ejercicio, evitar la destrucción de bienes públicos y privados, proteger carabineros su vida y la de los ciudadanos, todo ello, sin que los agresores sufrieran consecuencias físicas por su violento e ilícito actuar? Claro que no; por lo demás Carabineros cumplió ordenes haciendo uso racional de la fuerza legítima cuyo monopolio corresponde al Estado, el cual, si ayer dispuso su intervención, hoy debe apoyarlos.

Francisco Bartolucci Johnston