En relación con la idea de “sacar a los militares a la calle” y la crítica que se hace al respecto en el sentido de que ellos no están ni equipados ni entrenados para cumplir la función de garantizar el orden público y la seguridad pública interior —aparte de que los aleja de la función militar que les es propia— cabría comentar que por muy equipados y entrenados que estén de nada servirán si, al igual que los carabineros, solo pueden usar sus armas letales en casos de legítima defensa cuando esté en riesgo la vida de personas.
Con tal restricción quedan sin capacidades ofensivas, disuasivas o represivas, no constituyendo una amenaza real y reducidos a la calidad de meros observadores de quienes estén cometiendo o se apresten a cometer actos delincuenciales, vandálicos, subversivos o terroristas.
Tal despliegue solo serviría para el desprestigio y el escarnio de los miembros de las Fuerzas Armadas, pues la ciudadanía percibiría que ellos son incompetentes para resguardar el orden y para proteger eficazmente la infraestructura crítica; en circunstancias de que tal resguardo es la obligación esencial de los gobernantes, para lo cual deben dotar a los militares y policías no solo del debido equipamiento, sino que de las atribuciones legales que les permita ejercer sus funciones sin temor a ser condenados por “abuso de la fuerza” o por “delitos de derechos humanos”, pues al no contar con ellas se inhiben de actuar.
Adolfo Paúl Latorre
Abogado
Muy claro. Se supone que se pide la presencia militar en la calle porque se le atribuye una mayor capacidad de disuasión dado el armamento que poseen y la mayor capacidad de infligir daño al delincuente que no es disuadido. La autoridad política que la disponga debe asumir, de partida, que frente a los niveles de violencia que hoy se evidencian, habrá que usar las armas y será una responsabilidad inexcusable de su parte, no bastando RUF ni recomendaciones de «respetar irrestrictamente los derechos humanos». No se hace tortilla sin quebrar huevos, debe entenderse de una vez por todas y entenderlo especialmente el poder judicial. No es posible aceptar mansamente que el riesgo se ha privatizado y debe ser asumido exclusivamente por los subalternos que cumplen órdenes.