Por esa vía, agregan, se altera la voluntad ciudadana que eligió a un parlamentario que viene a reemplazarse por algún candidato que luego postula un partido político, lo que no resulta deseable.
Agrega que el establecimiento de un número fijo de diputados en la Constitución, entorpece el diseño que el legislador puede hacer de un sistema electoral más representativo, pues éste puede significar un aumento de la cifra que la Constitución establece, haciendo inviable una modificación meramente legal que no fuera acompañada de una enmienda a la Carta Fundamental.
El establecimiento de un gobierno menos presidencialista, la modificación del sistema binominal, la compatibilidad entre el cargo de ministro y parlamentario, son algunos de los temas discutidos en el seno de esa Comisión.
La enmienda sustituye el inciso primero del artículo 15, para establecer que “En las votaciones populares, el sufragio será personal, igualitario, secreto y voluntario”.
La moción, patrocinada por los diputados Accorsi, Aguiló, Enríquez-Ominami, Espinosa, Farías, Jiménez, Sule y Súnico, propone eliminar el Nº 7 del citado artículo 57, para permitir a los dirigentes sindicales ser candidatos a diputado o senador.
Es el involucramiento en un delito grave y no la pena que se imponga lo que debe primar, porque estamos hablando de cargos públicos, señala la moción.
Se busca terminar con el personalismo legislativo que tiene el poder ejecutivo para formular materias de ley.
«Este Proyecto de Ley viene a encargarse de la responsabilidad política de quienes participaron directamente de la gestión administrativa y política del Gobierno Militar, impidiendo que todos los civiles que asumieron algún cargo de responsabilidad política puedan ejercer o postular a cargos públicos”.
La moción señala que el sistema actual, basado en la Ley N° 13.196, «Reservada del Cobre», no provee los requisitos mínimos de transparencia, eficiencia técnica, legitimación democrática y control de legalidad de los gastos en compra de armamento, el que “ha demostrado operar deficientemente, dando cabida a varios episodios de corrupción, que resultan difíciles de investigar y sancionar y dañan la moral y prestigio de nuestras Fuerzas Armadas».
Entre los fundamentos de la misma se señala que, tal como se ha facultado al TC para resolver sobre la constitucionalidad de los auto acordados dictados por la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Calificador de Elecciones, resulta necesario también que pueda ejercer análoga atribución en relación a los reglamentos que dictan ambas ramas del Congreso.
