También precisa que si el TC “resuelve que uno o más preceptos de un tratado son inconstitucionales, deberá declararlo así por resolución fundada cuyo texto íntegro se remitirá a la Cámara de origen”.
Hoy, los magistrados de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones que concurren a esa elección lo hacen en secreto, lo que no se corresponde –señalan los diputados que patrocinan la moción- con el principio de publicidad y transparencia que la reforma constitucional de 2005 incorporó en el artículo 8 de la Carta Fundamental.
Esa legislación es perfectible, agregan, si se establecen nuevos principios de responsabilidad y se regula de una manera más exhaustiva el proceso de rendición de cuentas.
La iniciativa también propone que tanto la creación de las asignaciones parlamentarias, como su monto y reajustabilidad, quede determinado en los reglamentos de cada Cámara y su administración se haga en forma centralizada por los órganos internos de cada rama legislativa.
Recuerdan que el año 1998 se intentó regular las elecciones primarias para determinar el candidato presidencial, sin embargo el proyecto de ley no prosperó debido a que el TC resolvió que una iniciativa de esa naturaleza debía ser objeto de una reforma constitucional. (Rol Nº 279)
La iniciativa, patrocinada por los diputados Ascencio, Ceroni, Chahuán, Díaz, Escobar, Girardi, Jiménez, Ojeda y Tarud, agrega a la Ley Nº 18.700, sobre Votaciones Populares y Escrutinios, una norma que señala que “solo podrán inscribirse los candidatos que hubieren sido declarados electos en las respectivas elecciones primarias”, y que si dos o más partidos integraren un mismo pacto electoral, “sólo podrán inscribir un candidato electo del mismo modo”.
La moción señala que con la finalidad de “cautelar la debida legitimidad con la que un partido político influye en la conducción del Estado” debe consagrarse un “mecanismo democrático para la conformación del Consejo General”, y un “sistema de primarias obligatorias internas para la selección de todos los candidatos a cargos de elección popular”.
Señalan que no existe ninguna razón para distinguir entre las inhabilidades que deban afectar a los jueces que integran el Poder Judicial de aquellas otras que deban aplicarse a los magistrados del TC.
Los parlamentarios que patrocinan la moción, señalan que existe un sinnúmero de otras causales que se relacionan con otros aspectos de la vida humana -de orden moral o personal- que pueden también justificar la renuncia.
Recuerdan que en el proyecto de reforma constitucional sobre transparencia, modernización del Estado y calidad de la política -patrocinado por el Ejecutivo- se consultaba una norma que se orientaba en esa dirección, la cual, sin embargo, no fue aprobada.
