En tanto, al genocidio se lo define como todo acto ejecutado con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso, en su calidad de tal.
La enmienda sustituye el inciso primero del artículo 15, para establecer que “En las votaciones populares, el sufragio será personal, igualitario, secreto y voluntario”.
La moción, patrocinada por los diputados Accorsi, Aguiló, Enríquez-Ominami, Espinosa, Farías, Jiménez, Sule y Súnico, propone eliminar el Nº 7 del citado artículo 57, para permitir a los dirigentes sindicales ser candidatos a diputado o senador.
Estiman que con ello se vulnera el principio de igualdad y de inocencia, pues las condiciones que en algún momento autorizaron la formación de causa respecto del parlamentario se modifican sustancialmente luego de ser absueltos por un Tribunal de la Republica que conoció y falló en derecho sobre la imputación penal de que fueron objeto.
Por ello propone reestructurar su planta adecuándola a las actividades y controles que el perfeccionamiento del sistema electoral y político le demanda, facultándose al Presidente de la República para que a través de un decreto con fuerza de ley fije la nueva planta del Servicio con sujeción a las pautas que en ella se especifican.
Es el involucramiento en un delito grave y no la pena que se imponga lo que debe primar, porque estamos hablando de cargos públicos, señala la moción.
Se busca terminar con el personalismo legislativo que tiene el poder ejecutivo para formular materias de ley.
«Este Proyecto de Ley viene a encargarse de la responsabilidad política de quienes participaron directamente de la gestión administrativa y política del Gobierno Militar, impidiendo que todos los civiles que asumieron algún cargo de responsabilidad política puedan ejercer o postular a cargos públicos”.
La moción señala que el sistema actual, basado en la Ley N° 13.196, «Reservada del Cobre», no provee los requisitos mínimos de transparencia, eficiencia técnica, legitimación democrática y control de legalidad de los gastos en compra de armamento, el que “ha demostrado operar deficientemente, dando cabida a varios episodios de corrupción, que resultan difíciles de investigar y sancionar y dañan la moral y prestigio de nuestras Fuerzas Armadas».
La moción señala que la legislación procesal penal contiene un vacío en esta materia, pues si bien el artículo 347 del CPP establece que todas las medidas cautelares deben ser levantadas al momento de dictarse una sentencia absolutoria, la condición de desaforado se mantiene hasta que la sentencia este firme, es decir, hasta que se resuelvan los recursos que se presenten por todos los acusados.
