Vía Ley de Transparencia se solicitó al organismo recaudador detalle de convenios suscritos con empresas concesionarias detrás de Universidad de Chile, Colo-Colo, Deportes Copiapó, Everton, entre otros, para conocer las obligaciones que se establecen en dichos instrumentos, acceso que fue denegado aludiendo, entre otras razones, afectación de derechos comerciales y económicos. Santiago Wanderers habría sido el único club que tras la consulta entregó lo requerido.

El Consejo para la Transparencia envió comunicación a la cartera para requerir antecedentes que permitan evaluar si ésta cuenta con la base legal para pedir y tratar dicha información y para determinar cuáles son las condiciones de resguardo bajo las cuales se implementará este servicio.

La entidad había negado acceso a la cantidad histórica anual de metal extraído por SQM y sociedades precedentes en más de dos décadas.

La titular del Consejo para la Transparencia (CPLT), Gloria de la Fuente, apuntó a la necesidad de robustecer un ecosistema de transparencia e integridad, con normas e instituciones que actúan contra la corrupción.

El Consejo para la Transparencia estableció en su decisión, acorde a antecedentes que se manejaron durante la revisión del caso, que no sería comprensible la denegación de la existencia de esta información estadística, dado que se respondió a una solicitud similar en 2020.

Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia, expuso ante la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional y abogó por la consagración explícita del derecho a acceder a información en poder de organismos del Estado en el texto de la Carta Fundamental.

A través de la plataforma InfoProbidad del CPLT y Contraloría se puede acceder a información de los postulantes a la presidencia, el parlamento y consejeros regionales, y en algunos casos a información sobre cónyuges y otros familiares.

En el reglamento general del órgano constituyente publicado en el Diario Oficial ayer, el se contemplan mecanismos para resolver consultas de la ciudadanía y también mantener publicada “información crítica” sobre su quehacer.

En este caso, afirma el fallo, los convenios fueron enviados a la Superintendencia de Salud, en virtud de fiscalizaciones extraordinarias, vinculadas al uso de excedentes, como ocurrió precisamente en este caso, debido a una denuncia recibida por la Fiscalía Nacional Económica sobre los medios de uso de los mismos por las ISAPRES a sus afiliados.

La titular del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, reaccionó a las informaciones asociadas al estado de salud del renunciado convencional. Manifestó que espera que la institucionalidad funcione, puesto que se debe cuidar la confianza en el trabajo de la Convención Constitucional.