La Primera Sala del tribunal de alzada desestimó la procedencia del recurso, al no ser recurso de protección la vía idónea para resolver la controversia que, además, se encuentra sometida al conocimiento de la entidad pertinente, la Superintendencia de Educación.
La moción fue respaldada por los senadores, quienes calificaron como “una suerte de abuso” entregar esta responsabilidad a los alumnos que requieren prácticas profesionales. En esa línea, cuestionaron el rol que muchas veces asumen los casas de estudio que imparten carreras de la salud.
El objetivo es corregir las desigualdades surgidas en el pasado segregacionista de Estados Unidos y aumentar la proporción de estudiantes afrodescendientes, hispanos o de pueblos indígenas, que siguen estando subrepresentados en la educación superior.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de la casa de estudios al sancionar a los estudiantes por una conducta que no se encuadra en aquellas descritas en el reglamento de convivencia interna y en la que participaron, además, otros 600 integrantes del plantel que no fueron amonestados.
El máximo Tribunal acogió el recurso de casación en la forma y anuló la resolución de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que rechazó la demanda y, en sentencia de reemplazo, condenó a la corporación municipal por falta de servicio, al incumplir el establecimiento bajo su cargo con el deber de garante y protector de los alumnos.
