El requirente alega que la norma legal objetada infringe los principios de supremacía constitucional, de juridicidad y de responsabilidad ministerial, desde que se le impide a la Corte Suprema intervenir conociendo un recurso de queja y pueda invalidar la decisión de la Corte de Apelaciones cuando haya resuelto con falta y abuso grave.
3 de febrero de 2024