Teniendo en cuenta la amplia discreción del Estado (“margen de apreciación”) para determinar lo que es de interés público, el fuerte consenso en el derecho internacional y europeo con respecto a la necesidad de proteger los objetos culturales de la exportación ilegal y devolverlos a sus países de origen y la conducta negligente del Getty Trust, se debe considerar que la orden de confiscación fue proporcionada.