El ordenamiento argentino reconoce el derecho fundamental a la identidad de género, el que incluye el acceso a la salud integral y a las intervenciones quirúrgicas requeridas para hacer efectivo el derecho a la identidad.

El inmigrante de cuyo pasaporte o documento equivalente de identidad se desprenda su minoría de edad no puede ser considerado un extranjero indocumentado para ser sometido a pruebas complementarias de determinación de su edad.

La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Aróstica y Vásquez, quienes estuvieron por rechazar el requerimiento, en consideración que la fundamentación para la disposición cuestionada se encuentra en una finalidad legítima y atendible de resguardo.