El máximo Tribunal estableció que el actuar de la empresa vulnera el derecho de la comunidad a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, por lo que ordenó, entre otros, a la Seremi de Salud del Maule realizar una nueva fiscalización con el objeto de determinar si la recurrida cumple con las condiciones impuestas en la resolución de calificación ambiental, en relación a la emisión de malos olores de riles sin tratar.