Autoridades pueden acceder a datos de identificación mediante la dirección IP del usuario en el marco de una investigación penal, resuelve el TJUE.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó, en el marco de una decisión prejudicial, que el Derecho de la Unión no se opone a la normativa francesa que permite la recopilación de datos en internet mediante la dirección IP del usuario con fines investigativos en materia penal. No obstante, precisó que se deben observar ciertas condiciones para acceder a esa información, que cautelen los derechos de los cibernautas.

Con la finalidad de proteger las obras amparadas por los derechos de autor de las infracciones cometidas en Internet, un decreto francés estableció dos tratamientos de datos personales. En el primero, las organizaciones que representan a los autores deben recabar direcciones IP que parezcan haberse utilizado en sitios de intercambios entre pares (peer-to-peer) para cometer dichas infracciones, y se las comunican a la Alta Autoridad francesa para la Difusión de Obras y la Protección de los Derechos en Internet («Hadopi»). En el segundo, los proveedores de acceso a Internet, a requerimiento de la Hadopi, asocian la dirección IP a los datos de identidad civil del titular de esa dirección.

Los referidos tratamientos de datos permiten que la autoridad abra procedimientos sancionatorios y que, en los casos más graves, puede dar lugar a responsabilidad penal. En este contexto, cuatro asociaciones de protección de los derechos y libertades en Internet interpusieron ante el Consejo de Estado francés un recurso en el que solicitaban la anulación del decreto en cuestión. Este órgano jurisdiccional preguntó al TJUE si los tratamientos de datos descritos son compatibles con el Derecho de la Unión.