El documento concluye que “es muy preocupante que la relación de cooperación público-privada en la provisión de bienes y servicios públicos se vea empañada por el mal uso de un sistema de transferencias mediante convenios, dado que el desarrollo del país y la persecución del bien común mediante la colaboración entre el Estado y los cuerpos intermedios es parte del ADN de nuestro ordenamiento jurídico”.
El asunto fue analizado en el Pleno y entrega la opinión sobre la iniciativa legal que incluye los principios de transparencia y probidad a las personas jurídicas sin fines de lucro que contraten o suscriban convenios con el Estado o sean receptoras de fondos públicos.
No vulnera la autonomía de los grupos o cuerpos intermedios, la igualdad ante la ley, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, la libertad de trabajo ni el derecho de propiedad.
La instancia, que debe indagar los convenios suscritos en materia de asentamientos precarios del MINVU, revisó el proceso de auditoría y el funcionamiento de las estructuras de control.
La instancia estará encargada de reunir información sobre las transferencias realizadas en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
