En 2015, la COMPIN declaró la incapacidad de la afectada en un 90%. En 2018 refirió condiciones visuales y mentales como causas secundarias, declaración que los jueces del grado calificaron como contradictorias y desestimaron la interdicción. El máximo Tribunal lo estimó que se incurrió en un vicio formal por no analizar ambos informes de manera razonada. Nunca fueron contradictorios, sino actuaciones independientes.