La mayor protección que el proyecto busca dispensar a las personas mayores se traduce en una serie de ventajas con las que se las beneficia para cuando tomen parte en un juicio civil, como la de recibir un trato preferencial de parte de los operadores del sistema de justicia, comparecer a las audiencias a través de videoconferencia, presumir su pobreza de recursos para soportar los gastos de litigar, entre otros.