Las Directivas antidiscriminatorias establecen un conjunto específico de causas de justificación que permiten amparar un trato diferente en una serie limitada de circunstancias. La excepción de «requisito profesional esencial» aparece en todas las Directivas y permite a los empleadores diferenciar entre las personas por los motivos protegidos cuando estos tienen relación intrínseca con la capacidad de desempeñar un determinado trabajo o las cualificaciones necesarias para el mismo.