"En términos generales, la iniciativa en cuestión no altera ni incide directamente en la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, sino más bien se vincula en forma tangencial con ellas en la medida que suprime delitos que, en principio, dejarían de entrar dentro del ámbito de conocimiento de los tribunales con competencia en materia penal", plantea el informe del pleno de ministros.