El acusado fue condenado a cinco años de presidio menor en su grado máximo, cumpliendo la condena mediante una pena sustitutiva, situación que fue revocada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que ordenó el cumplimiento efectivo del castigo en un recinto penal, no obstante, el máximo Tribunal dejó sin efecto aquella decisión al estimar que los ministros recurridos fallaron sin objetividad y en base a opiniones personales respecto del sentenciado, por lo que ordenó que el condenado cumpla la pena en libertad vigilada intensiva, para favorecer su reinserción.