La demanda, presentada en 2018 en nombre de miles de neoyorquinos afectados por la política, alegaba violaciones de derechos religiosos protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y el Artículo I, Sección 3 de la Constitución del Estado de Nueva York.
Si un funcionario grava sustancialmente un ejercicio religioso sin presentar evidencia de que la aplicación de la carga está al servicio de algún interés convincente, este ha violado la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa. Los recurrentes no tienen derecho a la inmunidad calificada porque de los hechos, en conjunto con el texto de la ley, se revela que la prohibición fue injustificada.
