Las autoridades regionales no cuentan con facultades para ordenar el desalojo de un bien inmueble privado.

Es la justicia penal la que puede actuar a través de las herramientas que entrega la ley para tal cometido, en especial si se halla involucrada la garantía constitucional de la propiedad.

El Tribunal de alzada desestimó el recurso, por existir procesos abiertos en la especie, tanto en el ámbito penal como civil para resolver el conflicto.