Diario Constitucional

Tercera sala.

CS acogió recurso de protección de funcionario respecto de quien la Administración puso término a su contrato de honorarios invocando la regulación legal propia de las contratas. Se vulnera igualdad ante la ley.

Un funcionario público dedujo acción de protección en contra de la Comisión Nacional del Medio Ambiente luego de que se pusiera fin a su contrata antes del 31 de diciembre del año pasado. Estima que se ha conculcado la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad sobre su cargo. La CONAMA, al informar…

Por Redacción·20 de enero de 2011·3 min de lectura
CS acogió recurso de protección de funcionario respecto de quien la Administración puso término a su contrato de honorarios invocando la regulación legal propia de las contratas. Se vulnera igualdad ante la ley.
Referencial

Un funcionario público dedujo acción de protección en contra de la Comisión Nacional del Medio Ambiente luego de que se pusiera fin a su contrata antes del 31 de diciembre del año pasado. Estima que se ha conculcado la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad sobre su cargo.

La CONAMA, al informar el recurso, expone que ha cumplido con todas las normas legales aplicables, tanto en lo sustantivo como en lo formal, puesto que al Director Ejecutivo de CONAMA le corresponde, conforme al artículo 76 de la Ley N° 19.300, la administración superior del Servicio, para lo cual puede designar y contratar personal y poner término a sus servicios. Observa, también, que contrariamente a lo afirmado por el recurrente, éste estaba contratado a honorarios y no bajo la modalidad a contrata, por lo que no sería posible que la misma hubiere sido prorrogada.

La Corte de Apelaciones de Santiago desestimó la acción constitucional, para lo cual razona que “la administración tiene facultades para hacer cesar la contrata en cualquier tiempo antes del 31 de diciembre de 2010, pues decidió que sus servicios ya no eran necesarios”. Señala, además, que “la Contraloría General de la República tomó razón de este acto administrativo, es decir, controló su legalidad y no lo objetó”.

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