Reforma constitucional.
Senadores proponen consagrar a nivel constitucional el aseguramiento de la calidad de la educación y su financiamiento.
En efecto, de ahí deriva que “el derecho a la educación sea también un derecho social, pues obliga al Estado a otorgar a cada individuo la posibilidad de alcanzar el mejor desarrollo de sus aptitudes físicas e intelectuales”.

La moción de los senadores Allende, Escalona, Letelier, Muñoz y Rossi, expresa que la Carta Fundamental “asegura en su artículo 19 N° 10, el derecho a la educación, con énfasis en el derecho de acceder al saber, a la instrucción y a la formación necesaria en las distintas etapas de la vida, para que la persona pueda lograr su desarrollo y ser útil a la sociedad”.
Observa luego que “el ejercicio de este derecho, exige la acción de los poderes del Estado, que han de crear las condiciones para que el derecho pueda ejercerse de manera real y efectiva”. En efecto, de ahí deriva que “el derecho a la educación sea también un derecho social, pues obliga al Estado a otorgar a cada individuo la posibilidad de alcanzar el mejor desarrollo de sus aptitudes físicas e intelectuales”. Sin embargo, sostienen, no se establece el deber del Estado de “asegurar la calidad de la educación”, como tampoco “nada se dice sobre los requisitos para obtener financiamiento estatal, en el caso de las entidades particulares es indiferente que persigan fines de lucro, y tampoco exige que el proyecto educativo sea pluralista, democrático y no selectivo”.
Con el objeto de subsanar, lo que estiman como una deficiencia del ordenamiento constitucional, proponen reemplazar el inciso sexto del artículo 19 N° 10, para que disponga “Corresponderá al Estado, asimismo, resguardar el derecho a la educación, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; asegurar la calidad de ésta; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación”.
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