Control obligatorio.
TC declara que se ajusta la Constitución proyecto de ley que agrega a la LOC sobre Gobierno y Administración Regional norma que regula la aprobación de banderas, escudos e himnos regionales.
Luego, el vínculo que se establece con la normativa nacional es esencial para la facultad que se entrega, por la forma en que se regula el uso o izamiento de las banderas regionales en los artículos 2° a 4° del proyecto, esto es, asociado a la Bandera Nacional. Ello limita o condiciona la atribución. En efecto, el uso o izamiento de las banderas regionales puede ser conjunto o separado de la Bandera Nacional; y puede también ser facultativo u obligatorio.

El Senado remitió al TC el proyecto de ley relativo al uso del pabellón patrio, aprobado por el Congreso Nacional, con el objeto de que ejerza el control de constitucionalidad respecto de la modificación que se introduce al DFL N° 1, del Ministerio del Interior, de 2005, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en aquella parte que agrega, entre las atribuciones del Consejo Regional, la siguiente: “j) Aprobar las banderas, escudos e himnos regionales, en conformidad con el reglamento que señala el artículo 2° de la ley sobre uso o izamiento de la Bandera Nacional”.
Luego de transcribir el inciso primero del artículo 113 de la Carta Fundamental, la Magistratura Constitucional resuelve que la norma sometida a control, desde la forma verbal “Aprobar” hasta el adjetivo “regionales,”, incide en las atribuciones del Consejo Regional, por lo que es propia de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional a que se refiere la citada disposición constitucional.
También resuelve que la disposición contenida en la segunda parte de ella, desde la frase “en conformidad” hasta el adjetivo “Nacional”, no es propia de la referida ley orgánica constitucional ni de otras leyes orgánicas constitucionales previstas en la Carta Fundamental, por lo que se abstiene de emitir pronunciamiento a su respecto, en examen preventivo de constitucionalidad.
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