Le corresponde a la Cámara de Diputados –como atribución exclusiva- declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de sus miembros formulen en contra de las siguientes personas: del Presidente de la República, de los Ministros de Estado, de los magistrados de los tribunales superiores de justicia y del Contralor General de la República, de los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas de la Defensa Nacional y, por último, de los intendentes y gobernadores, por las causales que, respecto de cada una de esas autoridades taxativamente establece el artículo 52 N°2 de la Constitución. Se exceptúan –como sujetos pasivos- de la acusación constitucional los ministros del Tribunal Constitucional.
Como es sabido, aprobada la acusación queda la autoridad suspendida de su cargo, y el procedimiento sigue su tramitación ante el Senado, que actúa como tribunal y resuelve como jurado, para declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa, como lo establece el artículo 53 N°1 de la Carta Fundamental.
El diputado Fernando Mesa, se encuentra evaluando presentar una acusación constitucional en contra del Intendente de la Región de La Araucanía, Andrés Molina, a raíz del informe emitido por la Contraloría en el que deja de manifiesto “las millonarias y numerosas irregularidades en los planes pro empleo de la Región”. Aduce, que 14 empresas que se adjudicaron un total de 1000 millones de pesos, no cumplieron con el proceso de mínimo de licitación y en algunas se descubrió que otras empresas contratadas pertenecían a familiares.
Por otra parte el informe reveló que parte de los beneficiarios de los planes pro empleo no cumplían con los requisitos, no eran jefes de hogar o no contaban con la ficha de protección social.
El parlamentario finalmente expresó que de no proceder la acusación constitucional remitirá los antecedentes al Ministerio Público.
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