A propósito del conflicto estudiantil.
Se realizó audiencia ante la CIDH: “Derechos Humanos y Manifestaciones Públicas”.
En días pasados, en la ciudad de Washington, y durante el periodo 148° de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se celebró la audiencia “Derechos Humanos y Manifestaciones Públicas”.

En días pasados, en la ciudad de Washington, y durante el periodo 148° de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se celebró la audiencia “Derechos Humanos y Manifestaciones Públicas” solicitada a la Comisión por el programa Asesoría Ciudadana del Instituto Igualdad, ante los comisionados Catalina Botero, Luz Patricia Mejía, Rodrigo Escobar, y Paulo Sergio Pinheiro.
En la ocasión, alegó Branislav Marelic e Italo Jaque por los peticionarios, Miguel Ángel González, Director del Programa de Derechos Humanos de Cancillería, y el Mayor de Carabineros Heriberto Navarro, ambos por el Estado de Chile.
En su alegato, los peticionarios sostuvieron que el DS N° 1086 que regula las manifestaciones públicas resulta atenta contra la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ya que regula el derecho fundamental de reunión a través de una norma infra legal, contraviniendo el artículo 15 de la Convención y establece un régimen de autorización previa. Informaron a la Comisión del testimonio de 120 víctimas de violencia ejercida sobre manifestantes pacíficos por parte de Carabineros de Chile, la que en algunos caso, sostuvieron, es constitutiva de tortura según la definición del artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Asimismo, los peticionarios señalaron que el Estado ha incumplido la sentencia Palamara, relativa a la eliminación de la jurisdicción militar para delitos que no tengan carácter militar. Por último, se refirieron al proyecto de ley de resguardo del orden público presentado por el Ejecutivo, que sostuvieron, tiene como objetivo la criminalización de la protesta estudiantil al penalizar la ocupación de liceos y colegios, y establecer penas de cárcel para los dirigentes sociales que convoquen a manifestaciones públicas donde se produzcan desórdenes.
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