En días pasados, en la ciudad de Washington, y durante el periodo 148° de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se celebró la audiencia “Derechos Humanos y Manifestaciones Públicas” solicitada a la Comisión por el programa Asesoría Ciudadana del Instituto Igualdad, ante los comisionados Catalina Botero, Luz Patricia Mejía, Rodrigo Escobar, y Paulo Sergio Pinheiro.
En la ocasión, alegó Branislav Marelic e Italo Jaque por los peticionarios, Miguel Ángel González, Director del Programa de Derechos Humanos de Cancillería, y el Mayor de Carabineros Heriberto Navarro, ambos por el Estado de Chile.
En su alegato, los peticionarios sostuvieron que el DS N° 1086 que regula las manifestaciones públicas resulta atenta contra la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ya que regula el derecho fundamental de reunión a través de una norma infra legal, contraviniendo el artículo 15 de la Convención y establece un régimen de autorización previa. Informaron a la Comisión del testimonio de 120 víctimas de violencia ejercida sobre manifestantes pacíficos por parte de Carabineros de Chile, la que en algunos caso, sostuvieron, es constitutiva de tortura según la definición del artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Asimismo, los peticionarios señalaron que el Estado ha incumplido la sentencia Palamara, relativa a la eliminación de la jurisdicción militar para delitos que no tengan carácter militar. Por último, se refirieron al proyecto de ley de resguardo del orden público presentado por el Ejecutivo, que sostuvieron, tiene como objetivo la criminalización de la protesta estudiantil al penalizar la ocupación de liceos y colegios, y establecer penas de cárcel para los dirigentes sociales que convoquen a manifestaciones públicas donde se produzcan desórdenes.
Por su parte, los representantes del Estado afirmaron que no existe en Chile ningún impedimento para que la gente se manifieste, y que la regulación de las manifestaciones cumple con todos estándares internacionales. Miguel Ángel González señaló que “cuando se quiere insinuar de que hay una oposición del Estado a que se manifiesten los ciudadanos, eso es una falsedad. No requieren autorización, lo que se requiere es que se informe y se acuerde un recorrido para la marcha”. Para el Estado, el punto central es cómo asegurar a los manifestantes el derecho de expresarse sin ser objeto de violencia, y a los privados que están ejerciendo sus actividades en la zona de la manifestación o como espectadores de la manifestación, que la actividad se dé en un marco de normalidad, y sin que se produzcan daños a las personas o a la propiedad. “No existe en Chile ninguna posibilidad de que las fuerzas armadas actúen violentamente por iniciativa propia”, señaló González y agregó que “en los protocolos está claramente establecido de que no puede haber una represión de un acto pacífico”.
El Relator sobre los Derechos de la Niñez, calificó como lamentables y desproporcionada la manera en que se ha reprimido a niños y adolescentes. Los comisionados preguntaron al Estado por el número de quejas existentes por casos de violencia, y solicitaron información sobre el proyecto de ley que resguarda el orden público. Asimismo, consultaron por el número manifestaciones autorizadas a los estudiantes durante el tiempo que ha durado el conflicto estudiantil, cuántas manifestaciones fueron reprimidas en este lapso, cómo distingue el Estado a los niños y adolescentes, y cómo los ha diferenciado para efectos de la represión de personas que generan violencia. Asimismo, se preguntó a los peticionarios si existen investigaciones abiertas por violencia contra líderes estudiantiles, si hay niños y adolescentes en procedimiento por su participación en las marchas, y si se han abierto investigaciones por uso excesivo de la fuerza. La Comisión señaló que las respuestas a estas preguntas deberán realizarse por escrito.