La moción de los diputados Browne, Monckeberg y Rivas, expresa que “la seguridad ciudadana es uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía hoy en día”, por cuanto “en muchísimas ocasiones, los delincuentes, una vez aprehendidos por las fuerzas de policía, son dejados en libertad por el sistema judicial”.
Observa luego que la responsabilidad no es de los jueces y magistrados, quienes se limitan a aplicar la ley, sino “el problema reside en nuestra normativa legal”, al no imponer “mayores restricciones a la hora de negar la prisión preventiva solicitada por el fiscal o el querellante particular”. Igual panorama, “en la posibilidad de conceder beneficios a los condenados por delitos de importancia e impacto social”. Lo anterior, a pretexto de que existe hacinamiento en las cárceles, pero para ello debe generar “nuevos recintos penitenciarios que cumplan con los requisitos mínimos para asegurar la dignidad de los reclusos”.
Con el objeto de que en el caso de ciertos que atentan contra “la vida, la integridad física y sexual y la propiedad privada de la víctima”, proponen modificar el Código Procesal Penal de manera tal que “si hubieren antecedentes que justificaren la existencia del delito investigado y que permitieren presumir fundadamente la participación del imputado en éste, el juez deberá siempre decretar la prisión preventiva». Asimismo, la iniciativa contempla modificar la Ley N° 18.216, para que disponga que “no procederán los referidos beneficios sólo cuando el condenado no hubiere podido probar en juicio su irreprochable conducta anterior».
Vea texto íntegro de la moción.
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