La moción de los senadores Chahuán y Kuschel expresa que la Constitución establece en el inciso final de su artículo 1°, que es deber del Estado, entre otros, el de “promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”.
Observa luego que “la integración social de las personas con discapacidad, ha sido motivo de preocupación de nuestro Congreso Nacional, desde hace muchos años, cuando después de sucesivos debates, se logró aprobar la ley N° 19.284” y que, posteriormente, al “advertirse diversas falencias en el cumplimiento de esta normativa como de su reglamento” se obtuvo finalmente una reforma integral de dicho texto legal, que dio origen a la promulgación de la Ley N° 20.422.
Agregan que “se hace indispensable que la obligación estatal de integrar plenamente a las personas con discapacidad y de tal forma lograr que la comunidad nacional conozca plenamente y respete los derechos de estas personas, tenga una consagración constitucional, ya que de este modo se velará para que las políticas que el Estado implemente al respecto, se, cumplan cabalmente, como se aplica en otras legislaciones extranjeras”.
A tales fines proponen incorporar una frase en la precitada norma constitucional que disponga: “Para dicho efecto, será también deber del Estado, promover, en forma prioritaria, la plena integración a la sociedad de las personas discapacitadas”.
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